El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aportado la experiencia de su red de centros de puntos de encuentro familiar en una jornada conjunta celebrada ayer en Valencia entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Sanidad y Política Social, para definir unos criterios comunes que permita diseñar una norma de ámbito nacional que regule la organización y funcionamiento de estos dispositivos, que son competencia exclusiva de las comunidades autónomas.

El director general de Familia, Hugo Muñoz, que ha participado en una de las tres mesas redondas para consensuar un documento marco de mínimos que garantice la calidad de los puntos de encuentro familiar en España, ha destacado que Castilla-La Mancha es una de las pocas comunidades autónomas que tiene en vigor desde este año un decreto de organización y funcionamiento de estos recursos.

En su intervención, el responsable regional ha resaltado que en 2008 los centros de puntos de encuentro familiar de la región, ubicados en la capitales de provincia y en Talavera de la Reina (Toledo), han atendido el año pasado sin lista de espera a 1.097 menores y 842 familias.

El Gobierno regional, que prevé abrir otro punto de encuentro familiar más en Alcázar de San Juan (Ciudad Real), destina este año un millón de euros para garantizar el funcionamiento de estos recursos, que destacan por su profesionalidad y especialización.

Cada centro dispone de un equipo de unos seis profesionales del ámbito social (psicólogos, trabajadores sociales o educadores) y está abierto los 365 días del año en horario de mañana y tarde.

Está dirigido a progenitores, hijos, tutores y familia extensa que están inmersos en procesos conflictivos de separación, divorcio, ruptura de pareja o no convivencia de los hijos con los padres y que son derivados a los puntos de encuentro familiar por los juzgados correspondientes de la región o por los técnicos de las delegaciones provinciales de Salud y Bienestar social.

El objetivo, ha explicado Muñoz, es que los centros sean un espacio neutral y acogedor, donde se facilita el encuentro del menor con el progenitor no custodio y con otros miembros de su familia, con el fin de cumplir el régimen de visitas en aquellos casos en que las relaciones son conflictivas.

La finalidad es dotar a los progenitores de habilidades para que puedan ejercer, con plena autonomía e independencia del recurso, sus responsabilidades parentales con respecto al régimen de visitas que tengan establecido, contribuyendo al desarrollo emocional y afectivo correcto del menor.