Este análisis forma parte del informe sobre el estado autonómico en 2017 que elabora el Instituto, un centro universitario de análisis e investigación en Derecho Público que todos los años realiza este trabajo y lo presenta en una jornada en el , en colaboración con la Fundación Jiménez Abad.

En el trabajo se explica que el Estado puede aprobar legislación básica sobre las competencias que comparte con las Comunidades Autónomas. Esas normas deben servir para establecer un mínimo “común y uniforme en cada materia” en todo el país, dejando capacidad a las autonomías para ir más allá.

Durante “décadas”, añaden, el Tribunal Constitucional ha sostenido este criterio, pero en los últimos años se ha convertido “paradójicamente” en la “principal amenaza” del ejercicio del autogobierno. “La jurisprudencia se ha alejado de su fin”, aseguran.

BENEFICIOS CON CARGO A LOS PROPIOS PRESUPUESTOS

Los efectos, a juicio de estos expertos, se han sentido durante la crisis económica. El Constitucional ha dado la razón al Gobierno contra decisiones de distintos gobiernos autonómicos que ampliaban beneficios para sus ciudadanos con cargo a sus presupuestos. Por ejemplo, la tarjeta sanitaria para los extranjeros en situación irregular aprobada por el País Vasco o el acceso universal a la sanidad en la Comunidad Valenciana, declaradas inconstitucionales.

Se agrega que similar futuro de inconstitucionalidad les espera a otras decisiones sobre rentas mínimas de inserción social, bonificaciones a las tasas académicas o medidas respecto de desahucios, que han ido tomando los gobiernos regionales y que tienen el riesgo de ser declaradas contrarias a la Carta Magna.

“Parece razonable creer que las bases estatales en materia de sanidad pueden ser completadas, como ocurre en otras materias como el medio ambiente, con normas autonómicas más protectoras y sufragadas a sus propias expensas”, se afirma en el informe.

Los autores agregan que se está impidiendo así a las comunidades que palien “los estragos provocados por los recortes” en los servicios públicos, “sin que sea sencillo advertir las razones de la falta de sensibilidad social de esta jurisprudencia centralizadora”.

Estos expertos se preguntan por las causas de que las normas básicas estatales agoten “una y otra vez todo el espacio normativo” y dudan de que se pueda defender este criterio apelando al equilibrio presupuestario, a la obligación constitucional de mantener a raya el déficit: a su juicio no debería dar permiso para “desarbolar el sistema” de competencias compartidas.

-. Firma: MJAR/PAU .-