Desde Fademur han recordado que esta normativa supondría “un antes y un después” en el entorno rural, en la empleabilidad, la fijación de población y la igualdad real y efectiva, así como un salto de calidad para las organizaciones empresariales y sindicales vinculadas al sector agrario y que favorecerían la eliminación de desigualdades de género y la promoción de la igualdad.

“Así, se asumiría, por ejemplo, el compromiso de promover la participación equilibrada adoptando medidas para garantizar que al menos el 40 por ciento de los miembros de sus órganos de decisión sean mujeres, obteniendo así prioridad en todas las ayudas públicas, adaptándose a este principio de equidad que tras el periodo de transición, regulado en el anteproyecto de ley del Estatuto de las Mujeres Rurales aprobado por el Consejo de Gobierno, será precepto obligatorio”, han explicado desde Fademur.

Desde la organización feminista han explicado que si antes de la conclusión de la legislatura no se aprueba el Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha, no existe “seguridad de que vaya a salir adelante”, lo cual sería “muy perjudicial” porque “unos derechos como los recogidos en este estatuto no pueden ser considerados herramienta política, sino la clave para lograr que se aplique el principio de igualdad de trato adoptando medidas que ofrezcan ventajas destinadas a facilitar al sexo menos representado el acceso a la igualdad real”.

Asimismo, en Fademur se han mostrado preocupadas de que “determinadas decisiones políticas” supongan un freno para la aprobación de un Estatuto de las Mujeres Rurales que responde a la necesidad de establecer actuaciones que promocionen la concepción del medio rural como espacio de cohesión social, integración social y económica y el desarrollo de las mujeres que viven y trabajan en poblaciones rurales.

Por ello la Federación ha insistido en que el Estatuto de las Mujeres Rurales debería aprobarse durante esta legislatura porque “es más que probable que si no es así caiga en el olvido”, lo que supondría “renunciar a una serie de mejoras y una batería de propuestas que pone especial atención en los derechos de las mujeres que viven en el medio rural a fin de favorecer y promover, en particular, su incorporación a la vida laboral, garantizar su acceso a la formación y su participación en el desarrollo sostenible de su entorno y afrontar la discriminación que sufren las mujeres rurales”. “No debemos consentir que se posponga algo tan necesario y consensuado con la sociedad civil”, han finalizado.