Gracias a esta normativa de alcance autonómico, el Ejecutivo regional garantizará la protección de cerca de 36.000 personas con discapacidad grave que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones, no sólo con recursos asistenciales como la puesta en marcha de unidades de orientación y apoyo, sino también materiales y residenciales, ante la falta de sus progenitores o tutores legales.

En Castilla La Mancha, hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad física, psíquica y sensorial igual o superior al 33 por ciento, de las que más del 25 por ciento tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones.