En declaraciones a los medios, Martínez Guijarro ha reconocido que el bloqueo de estas entregas “suponía un riesgo para el mantenimiento de los servicios públicos” pero ha insistido en que “no se trata de que tengamos que depender de la voluntad de un gobierno o de los informes de los abogados del Estado”.

“Las comunidades autónomas gestionamos los servicios esenciales para los ciudadanos y la financiación tiene que estar al margen de los avatares políticos que puedan ocurrir a nivel nacional”, ha continuado, reiterando la opinión del Gobierno autonómico de desvincular la financiación de las autonomías de las “incertidumbres políticas”.