La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado hoy la subida esta legislatura del 12 por ciento del presupuesto del para políticas de mayores, hasta 284 millones de euros en 2018, 32 millones de euros más que en el año 2015.

Sánchez se ha pronunciado así durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales en el debate general relativo a la revalorización de las pensiones y cómo afecta a los pensionistas de Castilla-La Mancha.

“Las pensiones afectan fundamentalmente a las personas mayores de Castilla-La Mancha y las personas mayores de Castilla-La Mancha son una prioridad para el Gobierno regional”, ha asegurado la consejera de Bienestar Social, quien ha lamentado que “las personas mayores se sienten abandonadas a su suerte por parte de los gobiernos del PP, desconfían, han tenido que echarse a la calle para defender lo suyo, lo de sus hijos y nietos”.

A su juicio, las personas mayores “saben que el está enfrente y no a su lado, como hay que estar siempre, hay que tener voluntad siempre de defender a las personas mayores”.

Con ello, ha expuesto que el acuerdo alcanzado por el para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que afecta a las pensiones, “todavía no se ha materializado, no hay que echar todavía las campanas al vuelo, no ha dicho de dónde va a recortar para hacer las subidas, ni para compensar a las pensiones mínimas”.

La consejera de Bienestar Social ha hecho un repaso a las políticas realizadas durante la anterior legislatura dirigidas a mayores, colectivo conformado en Castilla-La Mancha por 380.000 personas, lo que supone más del 18 por ciento de la población.

“Con el anterior Gobierno del PP existía un repago de los medicamentos, aquello que el señor Echániz decía que eran solo cuatro cafés al mes, pero para las personas mayores era un gran sufrimiento”, ha lamentado Sánchez, quien también se ha referido “a las tasas de la vergüenza establecidas en la anterior legislatura”.

Y, con ello, a la supresión de diversos programas preventivos para mayores como el Termalismo o las rutas senderistas, o la aprobación de un contrato de Teleasistencia que “disminuyó pasando de siete millones a 5,6 y que no permite ampliación, lo que es más grave”.

También se ha referido a la reducción del 50 por ciento de la Ayuda a Domicilio, la disminución del 10 por ciento de las plazas residenciales o la bajada del 90 por ciento de las estancias temporales, además de la salida de 22 viviendas de mayores de la Red Pública Regional.

Supresión del repago farmacéutico

Sánchez ha comparado estas acciones con las puestas en marcha esta legislatura y, como ejemplos, ha destacado que se ha suprimido “el repago farmacéutico y no han salido de los bolsillos de las personas mayores casi 20 millones de euros” y, además, la supresión de las “tasas de la vergüenza” ha supuesto el ahorro de 550.000 euros.

El actual Gobierno autonómico también “ha impulsado los servicios preventivos para atender a las personas mayores, como la puesta en marcha del programa de Termalismo para 5.000 personas” y la ampliación de las aulas de informática a los 53 centros de mayores del Gobierno regional para “disminuir la brecha digital”.

“Las rutas senderistas han pasado de 0 beneficiarios a 3.000”, ha destacado Sánchez y, respecto a las prestaciones de dependencia, ha explicado que se está trabajando en licitar un nuevo contrato de Teleasistencia para ampliar el número de personas beneficiarias.

También ha destacado que han aumentado un 55 por ciento el número de plazas en Centros de Día, se han duplicado los beneficiarios de Ayuda a Domicilio y se han sumado 2.000 plazas residenciales con financiación pública.

“Las estancias temporales, no las hemos duplicado como era el objetivo, las hemos triplicado”, ha destacado la consejera de Bienestar Social, quien también ha destacado que los cónyuges de dependientes ahora pueden acompañarles en las residencias y se está preparando la Tarjeta Transporte con el descuento del 50 por ciento para los mayores.

Además, la consejera de Bienestar Social ha destacado la puesta en marcha del Plan de Infraestructuras Sociales que contempla más de 50 actuaciones en recursos para mayores y la apertura de centros construidos y no abiertos por el anterior Gobierno de Castilla-La Mancha.