El director gerente de la , Antonio Luengo, ha indicado hoy que espera un verdadero cambio de actitud en el Gobierno central, tras la reunión mantenida ayer entre los presidentes y y en lo que se refiere al agua.

De esta forma, ha manifestado que “el trasvase Tajo-Segura tiene una ecuación directa con la desalación y lo que esperamos es que si el Ministerio realmente quiere tener una política mucho más justa con Castilla-La Mancha y sobre todo con la cuenca del Tajo y con su situación de grave deterioro ambiental, entonces habrá que disminuir los trasvases en proporción con el aumento de la desalación. Que si aumentamos 10 hectómetros cúbicos la desalación, disminuimos esos 10 hectómetros cúbicos los trasvases. Eso sería una postura coherente para nuestra región y sobre todo para la situación ambiental que tiene el Tajo”.

“Es evidente que la situación del río Tajo y su evolución va a ser insuficiente para las demandas cada vez más exigentes del Levante y eso es algo que sabemos todos, allí y aquí”, por lo que, como ha dicho Luengo, “es necesario que las administraciones, tanto estatal como autonómica, apostemos por un modelo más sostenible que el actual, nos sentemos a negociar para que de una vez por todas la cuenca cedente, en este caso Castilla-La Mancha, sea la que tenga la verdadera prioridad como marca la Ley y que podamos utilizar esa agua en nuestro propio desarrollo”, ha insistido.

De esta forma, el director gerente se ha referido a las últimas declaraciones realizadas hoy desde asegurando que “lo que les falta son argumentos. Yo creo que lo que tienen que hacer es preocuparse de que la voracidad de Murcia no sea infinita y que no puedan seguir teniendo el agua a demanda en perjuicio de nuestra región, porque evidentemente no somos tontos. Y sabemos que esa demanda infinita está perjudicando gravemente los intereses medioambientales pero también socioeconómicos de esta región”, ha indicado.

Así se ha expresado el responsable de la a preguntas de los periodistas de forma previa a su participación en el , celebrado este martes bajo la presidencia de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en , y donde se han tratado diversos asuntos que afectan a Castilla-La Mancha, como los planes de sequía y la propuesta para modificar el reglamento de planificación hidrológica en relación con los planes especiales de sequía y el aumento de las zonas sensibles en materia de depuración.

Alegaciones a los PES

Luengo ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha presentó más de un centenar de alegaciones contra el informe de los Planes Especiales de Sequía (PES) de las principales demarcaciones hidrográficas de la región, especialmente Tajo y Júcar, como los mayores perjudicados, pero también Guadiana, Segura y Guadalquivir. “No se ha tenido en cuenta ninguna, por tanto nos vamos a oponer, porque al sacar los PES fuera de los planes hidrológicos, lo que están haciendo es que las medidas no tengan asignación presupuestaria y tampoco tienen en cuenta a la cuenca cedente, algo que viene siendo sistemático, como venía haciendo el Ministerio, y esperemos que eso vaya cambiando. Y tampoco se está teniendo en cuenta el cambio climático en un tema tan importante como es la sequía”.

Asimismo, el director gerente de la Agencia del Agua ha explicado que esta región se va a oponer al punto referido a la modificación del reglamento de planificación hidrológica en relación con los PES, al que también se presentaron alegaciones. “La tramitación tuvo errores de forma y fondo, ha sido una tramitación solapada, y esta sucesión de trámites encadenados y simultáneos llevan inequívocamente a que no se pueda ejercer con normalidad el proceso de participación por falta de seguridad jurídica”, ha subrayado.

Por último, se ha referido al punto en el que se trata el aumento de las zonas sensibles en materia de depuración. “Nos parece bien, pero significaría que necesariamente se debe asignar un presupuesto, porque si no es un canto al sol. Ya que la depuración que haya que cambiar en los pueblos afectados y la explotación, en muchos no van a poder llevarlo a cabo porque es muy cara y los ayuntamientos encarecerían mucho sus presupuestos. Por tanto hay que esperar a saber qué aporta el Ministerio”, ha concluido.