El ha aprobado la Estrategia contra la Pobreza y Desigualdad Social en Castilla-La Mancha, la “hoja de ruta para disminuir las tasas de pobreza y desigualdad y que la población de la región tenga mejor calidad de vida y de bienestar social”, como la ha calificado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.

La consejera ha destacado que la Estrategia pone el énfasis en la prevención, en especial de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa y comprende tres ejes en los que se organiza 58 medidas, de choque, de prevención y de eficacia y gobernanza, para las que están previstos más de 1.000 millones de euros hasta el 2020.

La Estrategia que hoy presentamos “va a ser la herramienta para conseguir que los indicadores de Riesgo de Pobreza y de Exclusión Social retornen a niveles de 2011 y se sitúen por debajo de la media nacional de España”, ha asegurado Aurelia Sánchez.

Se trata de “un documento político unitario y coherente”, con medidas y servicios ya en marcha en 2016 y 2017, junto con medidas previstas en el futuro para asegurar su complementariedad y seguimiento, que son transversales, con implicación de todas las áreas del Gobierno, elaboradas en un proceso abierto y consultivo entre distintos departamentos del Ejecutivo y con las entidades del tercer sector (EAPN).

La duración de la Estrategia abarca de 2017 a 2020 y entre sus medidas prepara el camino del futuro Plan Integral de Garantías Ciudadanas, “por lo que complementa las actuaciones previstas en el mismo en áreas como Servicios Sociales, Educación, Empleo, Vivienda, Administraciones Públicas, Sanidad, con un componente diferenciador: las medidas de Inclusión social”, ha destacado la consejera.

Entre los objetivos que incluye la Estrategia destacan los que ponen el énfasis en la prevención, sobre todo de la pobreza infantil, y en la inclusión social activa, para “garantizar un nivel de renta que permita unos estándares de vida dignos a la población”, mejorar las condiciones y posibilidades para “el acceso y mantenimiento de una vivienda digna, adecuada y asequible, con especial atención a la ciudadanía en riesgo de pobreza y exclusión”, así como mejorar las condiciones y posibilidades de acceso al empleo de la población en edad de trabajar, sobre todo los grupos más vulnerables.

58 medidas organizada en tres ejes

La Estrategia se organiza en torno a tres ejes, que incluyen 58 medidas. Las primeras son medidas de choque o paliativas, eje es el de las medidas de prevención y el tercero el de las de eficacia y gobernanza. Ejemplos de medidas paliativas son la mejora del Ingreso Mínimo de solidaridad (IMS) o la ampliación del Plan contra la Pobreza Energética, así como el incremento de becas de comedores escolares.

El segundo eje, de medidas preventivas buscan mejorar las oportunidades de las personas y las familias para reducir los riesgos de caer en situaciones de pobreza, por ejemplo la creación de los equipos de Inclusión Social el transporte escolar gratuito la creación de Centros de Capacitación para personas en riesgo de exclusión social, así como la promoción del empleo inclusivo.

El eje 3 con contiene medidas de eficacia y gobernanza, que persiguen mejorar la organización y gestión de los servicios y prestaciones e incorporan en su gobernanza a las instituciones implicadas en la lucha contra la pobreza y la desigualdad social, como por ejemplo la agilización y simplificación de trámites burocráticos o la coordinación institucional y la investigación.

Presupuesto y seguimiento

El presupuesto de la Estrategia supera los 1.000 millones de euros entre 2017 y 2020. Además, sus medidas tendrán una planificación y un seguimiento, con una evaluación intermedia y otra final, por medio de un , formado por representantes de todas las consejerías y de la Dirección General de Coordinación y Planificación; de un , con representantes técnicos de las consejerías y departamentos implicados y la consulta continua en Mesa Sectorial de Bienestar Social, con interlocución con EAPN y con las personas afectadas.

De este modo, la Estrategia se propone como objetivos “reducir los indicadores de Riesgo de Pobreza y Exclusión a valores de 2011 y los de pobreza severa, infantil y energética por debajo de la media nacional”, ha concluido la consejera.