En concreto, las tres nuevas unidades judiciales en la región son una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Ciudad Real —civil y penal, sección 2ª—, una plaza de magistrado Audiencia Provincial de —civil y penal, sección 1ª— y el juzgado de primera instancia e instrucción número 8 de Toledo.

Respecto a las 80 nuevas plazas de Ministerio Fiscal, en la región son tres distribuidas cada una en ellas la Fiscalía Provincial de Albacete, la Fiscalía Provincial de Guadalajara y la Fiscalía Provincial de Toledo.

En el real decreto relativo a las nuevas unidades judiciales, se dispone la creación de 51 juzgados y la dotación de 22 plazas de magistrado en órganos colegiados. En cuanto a los juzgados de nueva creación, 21 son juzgados de primera instancia, 8 de primera instancia e instrucción, 6 de lo penal, 11 juzgados de lo social, 4 juzgados de lo mercantil y 1 juzgado decano exclusivo. Además, se procede a la constitución de 2 juzgados en la Comunidad Valenciana que habían sido suspendidos en 2011.

En cuanto al otro real decreto, con éste se amplía, por primera vez desde 2015, la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal destacando el refuerzo de medios personales para abordar la lucha contra la corrupción. Para ello se crea nueve plazas en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de una plaza en la Fiscalía del . Asimismo, se adecua la plantilla del Ministerio Fiscal a las necesidades existentes en el .

ESTRATEGIA DE MODERNIZACIÓN

Del mismo modo, el Gobierno ha aprobado también dos contratos por un total de 164 millones de euros, en el marco de la ‘Estrategia para la Modernización’ de la Justicia, con el fin de proporcionar a los juzgados, tribunales y fiscalías las herramientas informáticas más avanzadas que facilite el intercambio de información entre las comunidades autónomas que tiene competencias transferidas y las que gestiona el propio .

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha explicado en la rueda de prensa posterior al que ha llevado estos dos contratos que necesitaban esta “aprobación” del Gobierno, dado que superaban los 12 millones de euros.

El primero de ellos, valorado en casi 100 millones de euros, es un encargo a la empresa pública , dependiente del , para el apoyo a la , la gestión del centro de desarrollo y la transformación digital de sedes judiciales. El contrato tiene una vigencia hasta 2022.

El segundo de ellos, estimado en 64,3 millones euros, durará cinco años y trata de dar “continuidad operativa” a los servicios de , Fiscalía Digital y el resto de sistemas que dan apoyo a las oficinas judiciales, fiscales, registros civiles, Institutos de Medicina Legal y el y Ciencias Forenses.

Asimismo, el Ministerio de Justicia ha presentado un informe que recoge un plan para racionalizar el uso de las nuevas tecnologías y su adaptación a las necesidades reales de jueces, fiscales, letrados de la administración de Justicia y funcionarios judiciales.

“FACILITAR EL TRABAJO DIARIO” DE JUECES, FISCALES Y FUNCIONARIOS

Delgado ha afirmado que el objetivo de estas medidas es “facilitar el trabajo diario” de los operadores jurídicos que usan estos sistemas cada día. Para ello, se han renovado los equipos y se han entregado más de 8.000 ordenadores y 2.600 tabletas y según la ministra esto ha conllevado al “ahorro de 550 horas de trabajo con la reducción del tiempo de arranque de los ordenadores”.

Otra de las medidas ha sido la transformación digital de las salas de vistas para renovar sus sistemas de grabación y la implantación de sistemas de textualización de las declaraciones (que subtitulan las imágenes de forma automática). Con este sistema se pretende “evitar la doble rectivimización” de las víctimas que comparecen en un procedimiento como testigo.

También se introducirán nuevas aplicaciones como las que permitirán la anonimización automática de documentos judiciales electrónicos para proteger los datos de carácter personal de los usuarios o dispositivos de identificación biométrica. Por último, Delgado ha anunciado la creación de un almacén electrónico judicial en la nube para los abogados y procuradores para poder tener acceso remoto a los expedientes judiciales a través del escritorio para profesionales.