La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Isabel Rodríguez, ha afirmado este miércoles que con la modificación del criterios de reparto del Fondo Regional de Cooperación Local (FORCOL), que acordó ayer el Consejo de Gobierno, se eliminarán trámites que permitirán que los ayuntamientos de la región puedan pagar “antes y mejor” los gastos corrientes que se producen por la prestación de servicios de plena competencia municipal.

Isabel Rodríguez explicó que la modificación de estos criterios se refiere a la parte “incondicionada” del FORCOL, que supone la mitad de la partida que se dedica a atender los gastos corrientes de los municipios. De esta forma, todos los fondos de esa partida, que supone el 60 por ciento del presupuesto del Fondo, se distribuirán entre los ayuntamientos sin que sea necesario presentar proyectos, facturas o justificaciones como hasta ahora se exigía a los municipios con 2.000 o más habitantes.

“Hubiera sido una medida muy útil en cualquier caso, —indicó—, pero ahora lo es más que nunca, porque la situación de crisis exige que las administraciones sean más ágiles a la hora de atender sus pagos pendientes”.

En este sentido, subrayó que con esta modificación se gana en tiempo y agilidad a la hora de atender los gastos corrientes de los ayuntamientos, que en su mayoría se contraen con pequeñas empresas que también tienen problemas de liquidez y por tanto resultarán beneficiadas con esta medida. De esta forma “se reafirma el compromiso con el municipalismo del Gobierno de Castilla-La Mancha que fue la primera administración que aprobó un fondo de ayuda a municipios en 1991”, según explicó la portavoz del Ejecutivo.

Isabel Rodríguez también hizo referencia a otros dos decretos aprobados por el Consejo de Gobierno, orientados a agilizar los trámites administrativos aprovechando las nuevas tecnologías.

En este sentido, destacó que se reducirá el número de documentos que la administración exige a los ciudadanos en sus trámites, lo que redundará en un ahorro de tiempo y también de dinero, ya que con esta medida se ahorrarán unos 250.000 euros y se reducirá significativamente el volumen de documentos que registra anualmente la Administración regional y que ronda los 2,5 millones.

Con esta medida, que entrará en vigor en 20 días tras su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, como máximo, el 1 de diciembre próximo se aplicará en toda la Administración regional, los ciudadanos no deberán aportar la documentación que ya esté en poder de otros departamentos de la Junta, o pueda conseguirla por medios telemáticos en otras administraciones. Principalmente se trata de documentos que acreditan la identidad, el domicilio, la residencia o la información tributaria.

Asimismo, explicó que, mediante la aprobación de otro Decreto, se establece que los órganos colegiados de la Administración regional deberán utilizar medios electrónicos, como la videoconferencia, para constituirse y adoptar acuerdos a los que se dota de la garantía jurídica necesaria.

Según explicó Isabel Rodríguez, esta medida supondrá un importante ahorro de tiempo y también de dinero y cifró en unos 150.000 euros el ahorro previsto. “Para ello, en todas las delegaciones de la Junta de Comunidades se dispone ya de salas adaptadas para videoconferencia que permitirían realizar reuniones regionales”, concluyó.