El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, , y los presidentes de los Colegios de Médicos y Enfermería de Castilla-La Mancha han mantenido hoy una reunión para coordinar su colaboración tras la aprobación del nuevo protocolo sobre medidas policiales a adoptar frente a agresiones a profesionales sanitarios, aprobado por el en colaboración con el .

El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha ha abordado, junto a los mandos policiales de la Guardia Civil y de Policía Nacional y los representantes de los colegios médicos y de enfermería de Castilla-La Mancha, los puntos a desarrollar en la implantación y desarrollo del nuevo protocolo con el que “el Gobierno de España, consciente de la preocupación del sector sanitario ante el incremento de agresiones, da respuesta a una reclamación de los profesionales sanitarios para incrementar su seguridad”.

Entre las novedades que recoge el protocolo, Gregorio ha destacado la creación de la figura del Interlocutor policial territorial sanitario y ha avanzado que en Castilla-La Mancha se establecerán interlocutores provinciales y territoriales por parte de la Guardia Civil y Policía Nacional en sus respectivas demarcaciones para “mantener un contacto fluido y más directo con los cuerpos policiales en caso de agresión”.

“Estos expertos serán el punto de contacto permanente con los representantes de los centros médicos, colegios profesionales y autoridades territoriales competentes”, además este interlocutor “va a asesorar, a los centros que lo soliciten, para que se adopten las medidas adecuadas para que se reduzcan las agresiones”.

Gregorio ha subrayado “el compromiso del Gobierno para impulsar una nueva respuesta de seguridad, integral y transversal que estará constituida por una actuación coordinada”, así como la adopción de nuevas medidas que refuercen las ya existentes en un marco de actuación más amplio. El protocolo también incluye medidas por las que se reforzarán los dispositivos de seguridad y vigilancia en el entorno de los centros sanitarios y se organizarán actividades informativas y formativas para que los profesionales puedan prevenir estas situaciones y sepan “autoprotegerse”.

Otra de las medidas recogidas en la instrucción pasa por ampliar la inteligencia “que permita realizar previsiones sobre la evolución de la actividad delictiva”. Para ello, se hará “un seguimiento individualizado” de cada agresión en cada centro para realizar un análisis en base al “modus operandi, días y franjas horaria”. Y se establecerán cada año dos periodos de carácter mensual en los que se intensificarán tales actuaciones, aunque podrán activarse en más ocasiones en función de la evolución de la criminalidad y un aumento de la incidencia de esta problemática.

También se va a elaborar un catálogo y una clasificación de centros sanitarios, públicos y privados, en función de su “riesgo de acción delictiva” y de las medidas de seguridad adoptadas, de cara a poder mejorarlas mediante diversas iniciativas como la instalación de dobles puertas o botones ‘anti-pánico’ en las consultas.