Según datos dados a conocer este viernes por el (CGPJ), de los cinco procedimientos cuya instrucción o investigación finalizó el pasado año en la Comunidad castellano-manchega, cuatro corresponden al segundo trimestre de 2018 —julio, agosto y septiembre—, y uno al primer y trimestre.

En cuanto a las personas acusadas —un total de ocho—, la Justicia dictó auto de procesamiento o de juicio oral contra siete en el segundo trimestre del año y contra una en el primero.

DATOS ESTATALES

En el conjunto de España, se concluyeron en 2018 un total de 48 procedimientos por corrupción, en los que se dictó juicio oral o procesamiento contra 205 personas.

En comparación al año anterior, en 2018 se procesaron o sentaron en el banquillo por haber cometido presuntamente delitos de corrupción casi a la mitad de personas que en 2017, pues, según los datos ofrecidos en ese año se vio indicios de delito en 411 personas.

De los 48 procedimientos por corrupción cuya instrucción o fase de investigación finalizó el año pasado, 15 corresponden a los últimos tres meses de 2018, cuando se acusaron a 65 personas.

Así, una vez se han recogido las cifras de todo el año pasado, se desvela que la terminó la investigación de dos causas, mientras que el concluyó una. En cuanto a autonomías, la que más instrucciones concluyó fue Comunidad Valenciana (12), seguida de Andalucía (11) y Castilla-La Mancha (5), según estos datos.

SE DICTARON 63 SENTENCIAS

Por otro lado, el repositorio informa de que entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018, juzgados y tribunales dictaron 63 sentencias en procedimientos por corrupción, de los que 40 fueron total o parcialmente condenatorias, lo que representa el 63,4 por ciento del total. Las 23 restantes, en torno a un tercio del total, fueron absolutorias.

Asimismo, en este informe también se puede consultar que en el cuarto trimestre de 2018 fueron notificadas 5 sentencias, de las cuáles solo dos resultaron condenatorias.

Los procedimientos judiciales cuyos datos ha dado a conocer el CGPJ tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos, y como uno de los elementos del tipo la afectación de dinero público, abarcando así tanto la corrupción administrativa como la corrupción política.

Estos fenómenos se recogen en el Código Penal como delitos de prevaricación urbanística y administrativa, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función y corrupción en las transacciones comerciales internacionales.