Para el director gerente de la de la región, , se trata de “na decisión importantísima para buena parte de nuestra región” porque, como ha recordado, “estos cinco contratos que gestiona la entidad pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, garantizarán la correcta depuración de las aguas residuales de un total de 192 poblaciones o lo que es lo mismo, 431.000 habitantes”, ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las funciones que ha recordado Luengo y que tienen encomendadas las empresas destinatarias de dicho contratos están el control analítico de las aguas que entran y salen de las depuradoras; una auditoría de las instalaciones; control de los fangos y residuos; labores de vigilancia ambiental; supervisión de los trabajos de explotación de las depuradoras así como el estudio de deficiencias en las instalaciones y propuestas de mejoras.

No hay que olvidar, en su opinión, otras tareas como “el seguimiento de las mejoras que se lleven a cabo; los informes sobre necesidades sugeridas por los ayuntamientos; un estudio de los costes de explotación; el control de averías que puedan producirse o la asistencia tanto a Infraestructuras del Agua como a los consistorios”.

Estas prórrogas se han llevado a cabo en las zonas 1, 2 y 4 de la depuración de Castilla-La Mancha, zonas que se extienden en las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y .

Tal y como ha destacado el responsable de la Agencia del Agua del Ejecutivo autonómico, la continuidad en los contratos permite mantener el empleo que se crea en torno a la depuración, que ha cuantificado en 160 personas que podrán seguir trabajando en estas depuradoras de Castilla-La Mancha.