Barrios, en su comparecencia este lunes en la comisión parlamentaria de Asuntos Generales de las Cortes, ha explicado que estas normas, así como la Ley de contratos del Sector Público, “impulsan definitivamente la contratación pública estratégica y socialmente responsable”.

En este sentido, ha destacado la inclusión a la hora de la adjudicación de estos servicios externalizados de criterios como “el fomento de la integración de personas con discapacidad, los planes de igualdad de género, el fomento de la contratación femenina o la mejora de las condiciones laborales y salariales”.

El secretario general ha defendido que el Ejecutivo autonómico ha actuado para conseguir “condiciones adecuadas” en los contratos administrativos y para “paliar algunas de las condiciones laborales endurecidas por la reforma laboral”, razón por la que, ha dicho, se suscribió con los sindicatos el III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo. “Estas medidas son un elemento importante que tendrán que seguir los licitadores”, ha añadido.

Carlos Barrios ha remarcado la existencia de cláusulas en los pliegos para garantizar “de forma efectiva” dicha estabilidad, tales como que los órganos de contratación deberán incluir obligaciones para la adjudicataria de cumplir con las disposiciones de los convenios colectivos o con la normativa en materia de riesgos laborales, además garantizar “de forma estricta” la aplicación de la normativa en materia de formación continuada para el desarrollo de su empleo”.

Del mismo modo, ha recordado que la Administración regional no podrá contratar a las empresas condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, la Seguridad Social o los derechos de los trabajadores.

Asimismo, Barrios ha insistido en que también se han establecido medidas para garantizar los niveles retributivos de los trabajadores, de manera que se está “cuidando” que los precios de licitación sean “adecuados para satisfacer las prestaciones retributivas de los trabajadores, atendiendo al precio general del mercado” en el momento de la licitación.

Finalmente, ha incidido en que desde el Gobierno también se están tomando medidas para que las empresas que dan servicios externalizados a la Consejería fomenten “la cultura de la negociación y el diálogo en las relaciones laborales”.

EL III ACUERDO FUE “UN ADELANTO” DEL GOBIERNO REGIONAL

, el diputado del Grupo Socialista ha considerado que el III Acuerdo por la Estabilidad en el Empleo fue “un adelanto del Gobierno regional a la sensibilidad de un sector que requería que se tomasen medidas”.

Esteban ha apuntado que es “de aplaudir” que se hayan puesto en marcha las medidas para vigilar las licitaciones de los servicios que se externalizan, así como que ese esfuerzo “se sostenga de manera tan decidida como se planteó desde el primer día”.

Además, ha hecho hincapié en la importancia de que se pongan “vetos” a las empresas que tengan condenas firmes por malas prácticas y que se puedan “garantizar los derechos de los trabajadores”.

“PRECARIEDAD, INESTABILIDAD Y TEMPORALIDAD”

Finalmente, la diputada del Grupo Popular ha criticado el relato del secretario general “con la que está cayendo con los empleados públicos” y ha afirmado que los empleados “vienen denunciando un día sí y otro también la precariedad, la inestabilidad y la temporalidad que se está introduciendo en el sector público, incluyendo la Consejería de Hacienda”.

Guarinos se ha mostrado “ofendida” por la comparecencia de Barrios ya que, en su opinión, es el Gobierno regional quien “está endureciendo” las condiciones laborales de estos trabajadores, ya que “tienen la posibilidad” de mejorar su situación “y no lo hacen”.

“Se remiten al convenio de empresa, no al sectorial, aunque podrían modificar las condiciones a esos trabajadores”, ha espetado la ‘popular’, que ha insistido en que si desde la Junta no las mejoran es “porque no les da la gana”.