Así lo ha indicado en una rueda de prensa, junto al vicepresidente segundo del Gobierno regional, , donde ha añadido que se mantiene el límite de 3.000 firmas para que la ciudadanía pueda impulsar a través de la Administración canales y procesos de participación.

García Gascón ha destacado que más de 700 personas y 70 entidades han participado en la elaboración de este anteproyecto de ley, que fue aprobado este martes en el y que se enviará con carácter urgente al .

El director general ha indicado que, a pesar de las modificaciones incorporadas, el texto es el “más avanzado e innovador” de España en cuanto a una ley de Participación. En este sentido, ha destacado que para Podemos la participación ciudadana es una “cuestión fundamental” ya que su objetivo es “desarrollar un derecho que está en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía”.

La ley, según ha avanzado, regula con “garantías claras” cómo la ciudadanía puede manifestar su opinión sobre políticas públicas de Castilla-La Mancha, ya que hasta ahora había procesos de participación que no tenían “reglas claras” y se podía “tergiversar” el derecho a participar.

García Gascón ha asegurado que el trabajo de la Dirección General era que en el anteproyecto se incorporaran todas las propuestas de la ciudadanía que fueran “legales”, pero tras el acuerdo en el Consejo de Gobierno algunas cuestiones “no están finalmente”, aunque ha señalado que su objetivo es que las incorporen los grupos políticos en las Cortes regionales y finalmente acaben en la norma.

LAS PROPUESTAS QUE SE CAEN DE LA LEY

Entre las propuestas que han caído del texto legislativo está la regulación, que era muy extensa y se va a trasladar a un reglamento en el que han empezado a trabajar. Además, las cuestiones de ámbito municipal se han reducido, pero sigue apareciendo con ordenanzas tipo para que los ayuntamientos puedan realizar sus normativas locales; o los órganos y modificación de iniciativas populares que Podemos quiere que se incorpore en el debate parlamentario. Además, desarrollar los presupuestos participativos continúa siendo obligatorio por parte de la Junta, ya que se ha planteado que la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y un órgano gestor de la Dirección General de Participación sean los encargados de dirigir el proceso

Por su parte, el vicepresidente segundo del Gobierno regional, José , ha aseverado que actualmente se vive un tiempo político en el que “algunos” utilizan la Constitución Española “como arma arrojadiza”, casi “como un ladrillo para tirárselo a la cabeza al adversario político”. Mientras que Podemos “no sólo cumple” con la Constitución y el Estatuto, sino que lo “desarrolla y materializa” en leyes.

Para García Molina, la ley regula cuándo se abren los procesos participativos, ya que no se trata de una prerrogativa de la Administración sino de un “derecho de la ciudadanía”, porque, a su juicio, “no es lo mismo” que la Administración “tenga voluntad” a que pase a estar regulada y se convierta en un derecho.

El vicepresidente segundo ha señalado que muchas propuestas han tenido un “encaje sencillo” pero que otras han sido complicadas de incluir por cuestiones legales o jurídicas, pero ha reconocido que la esencia de la ley “se ha mantenido”.

García Molina ha dicho esperar que “se acabe dando vía” a la ley antes del final de la legislatura, tras la toma en consideración del anteproyecto por parte del Consejo de Gobierno. Ha avanzado que “la ventaja” es que en la próxima legislatura la ley no se llevará a las Cortes “de cero”, pero ha reconocido que podría tener modificaciones en función de cómo quede la composición de las Cortes regionales.