El Proyecto de Ley de protección y apoyo garantizado a personas con discapacidad va a incorporar la creación de cinco unidades provinciales de orientación y apoyo en las que se orientará e informará de todas aquellas cuestiones relacionadas con la garantía de los apoyos de las personas con discapacidad y, en particular, acerca de la elaboración, seguimiento y puesta en marcha del plan personal de futuro.

Esta es una de las seis enmiendas que el PSOE ha presentado al borrador de dicha ley y que finalmente será incorporada al contar con el apoyo de Podemos y PP, que por contra no ha logrado introducir una de sus 19 presentadas en este sentido, con la que proponía crear al menos una por provincia.

Así lo han decido las tres formaciones parlamentarias que este miércoles, en la Comisión de Bienestar Social, han abordado las 42 enmiendas —19 Podemos, 17 PSOE y seis PSOE— que habían presentado a este Proyecto de Ley.

Mientras Podemos y PSOE han logrado que todas sus enmiendas se incorporaran al texto, el PP solo ha conseguido colar seis —una de ellas transada con el PSOE—, por lo que once han quedado ‘vivas’ para su debate en pleno.

De las 19 enmiendas de Podemos, la mayoría de modificación para adecuar el texto a una concepción más actual de la discapacidad, destaca la que proponía que el agente de mediación desarrolle también la labor de asesoramiento, orientación, mediación, acompañamiento y apoyo en el diseño del plan personal de futuro de la persona con discapacidad.

De igual modo, los parlamentarios de la formación morada han conseguido, como proponían en una de sus enmiendas, que la oficina regional de orientación y apoyo para personas con discapacidad dependa de la Administración autonómica que realizará labores de coordinación de las unidades de orientación y apoyo, y estará compuesta por personal técnico y de apoyo administrativo perteneciente a dicha Administración.

REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO

En el caso de las del PSOE, cuyas seis enmiendas van en la dirección de mejorar el texto incorporando para ello ligeros matices después de escuchar a entidades del mundo de las personas con discapacidad, destaca la que establece que para ser beneficiarios de la ley es necesario haber residido en Castilla-La Mancha en los dos años anteriores a la solicitud de elaboración del Plan Personal de Futuro, excepto en el caso de traslado familiar por motivos de trabajo, debidamente acreditado o tener la consideración de emigrante retornado.

En otro orden de cosas, socialistas y ‘populares’ han transado finalmente dos de sus enmiendas, una de ellas relativa al plazo que tendrá el para comenzar a trabajar en el desarrollo de los reglamentos de esta ley.

Y es que, mientras el PSOE proponía que fueran 12 meses, a partir de su entrada en vigor, y el PP reclamaba seis, finalmente ambas formaciones han acordado que sea en un periodo de nueve meses.

SIN FINANCIACIÓN CONCRETA

Así las cosas, de las 17 presentadas por los ‘populares’, cinco han sido aprobadas y otras 11 rechazadas, quedando ‘vivas’ para su votación en pleno. De ellas destaca la que proponía que las personas con discapacidad que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones manifiesten sus preferencias sobre la atención integral “sin la necesidad de contar con el apoyo de su familia”, extremo que no ha sido apoyado ni por Podemos ni por PSOE.

Tampoco ha prosperado su propuesta de que el Gobierno regional destine a la financiación de esta ley el 1 por ciento del PIB regional, pues tanto Podemos como PSOE han considerado que los fondos irán en función de las necesidades y esa cifra concreta puede ser “suficiente o insuficiente”.

No obstante los ‘populares’ sí han conseguido incluir en la exposición de motivos de la ley que el artículo 15 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia prevé el catálogo de prestaciones y servicios de los cuales las personas en situación de dependencia pueden ser receptores.

Así, en esta nueva norma, también se incluirá, como proponía otra de las cinco enmiendas del PP, que en la referida ley de 2006 se recoge como derechos garantizados de las personas con discapacidad, el derecho a tener un proyecto vital dotado de los objetivos significativos para sus vidas, en base a sus preferencia y escalas de valores y el derecho a tomar las decisiones sobre los aspectos fundamentales de su vida o, en su caso, a participar en la medida de lo posible en dicha toma de decisiones, favoreciendo su acceso al máximo nivel de normalización posible en los recursos de apoyo utilizados.