Así lo ha explicado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, , este martes en una rueda de prensa previa a la presentación de la memoria ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, donde ha matizado aunque “todos los datos son malos”, este aumento puede representar una buena cifra “si significa un refuerzo de la respuesta penal” ante esta problemática delictiva.

En lo referente a la violencia de género, la Fiscalía llevó a cabo un total de 2.357 procedimientos de diligencias urgentes, así como 1.774 diligencias previas, 688 procedimientos abreviados, cinco procedimientos ordinarios y tres juicios con jurado.

Además, la Fiscalía elaboró 2.775 escritos de acusación —en 2017 fueron 2.008—, mientras que de las sentencias dictadas, 1.360 fueron condenatorias —1.205 en 2017—, 1.004 fueron de conformidad —685 en 2017— y 665 absolutorias —916 en 2017—.

En cuanto a los delitos contra la libertad sexual, en el pasado año se produjeron 711 delitos en toda la región, 104 más que el año pasado, lo que supone un crecimiento del 17%. Entre ellos, se gestionaron 218 delitos de agresión sexual y violación, que suponen un aumento del 36%.

Por su parte, los delitos de abuso sexual se cifraron en 266 (un 25% más), los de acoso sexual en 36 (un 16% más), los de exhibicionismo y provocación sexual en 25 (un 25% más), los de prostitución en 10 (un 64% menos), los de pornografía infantil en 17 (un 60% menos) y los de corrupción de menores en 23 (un 122% menos). De su lado, los delitos en los que se vieron envueltas víctimas menores de 16 años fueron 116 (un 36% más) y no hubo delitos que afectaran a menores de entre 16 y 18 años.

En este punto, el fiscal ha destacado la creación de la figura del delegado autonómico en materia de violencia de género, que ha supuesto un “reforzamiento” de la actividad especializada, explicando que su labor es la coordinación de esta especialidad en la Comunidad Autónoma y que sirve de enlace con los órganos superiores de la Fiscalía General del Estado.

ONCE HOMICIDIOS Y ASESINATOS MÁS QUE EN 2017

Mientras, los homicidios dolosos y asesinatos ascendieron a 49 en toda la región en 2008, por los 38 que hubo en el año 2017. De ellos, 11 tuvieron lugar en la provincia de Albacete, 11 en Ciudad Real, siete en Cuenca, cuatro en Guadalajara y 16 en la provincia de .

Asimismo, los homicidios por imprudencia también aumentaron, pasando de 33 en 2017 a los 40 del pasado año, y se mantuvieron en el mismo nivel los de asistencia o incitación al suicidio, con dos delitos.

En cuanto a los delitos por lesiones, también tuvieron un ascenso, en este caso del 6%, con 17.312 delitos, 989 más que en el año 2017. En concreto, las lesiones dolosas se elevaron un 13%, alcanzando las 11.647; las lesiones imprudentes bajaron un 11%, con 3.446; las de maltrato familiar crecieron un 5%, llegando hasta las 2.207; y las lesiones por riña aumentaron un 100%, con un total de 12 delitos de esta clase.

Sobre otro tipo de delitos, el fiscal ha comentado que se han producido aumentos en 2018 en los delitos contra la libertad —1.729, un 8% más que en 2017—, de tráfico de drogas —392, un 17% más—, contra la ordenación del territorio y la protección histórico y del medio ambiente —151, un 10% más— y contra el orden público —411, un 6% más—.

Mientras, se mantuvieron estables los delitos contra la hacienda pública —con 27 casos, uno menos que en 2017— y de falsedad —681 delitos, 21 menos— y descendieron los delitos contra el honor —306 delitos, un 18% menos— y contra la administración pública —157, un 16% menos—, modalidad esta última “donde se albergan los principales delitos de corrupción”.

“ESTANCAMIENTO” DE LAS PLANTILLAS Y “AVANCES” EN LAS SEDES

Por otra parte, el fiscal superior en Castilla-La Mancha ha señalado que el 2018 fue un año de “estancamiento” en las plantillas, una situación que “se arrastra de años anteriores”, y aunque sí ha citado “avances importantes” en infraestructuras, especialmente en Guadalajara, Albacete y Toledo, ha considerado que “sigue habiendo un déficit” en esta materia.

De igual modo, ha apuntado que 2018 ha sido, al igual que los anteriores, un ejercicio “de transición del trabajo en papel al trabajo digital”, algo que ha supuesto que se haya incrementado la carga de trabajo para los fiscales de la región. Por ello, ha querido reconocer “las dificultades que se están superando”.

Por otra parte, en lo funcional, ha querido también citar los problemas que han ocasionado a los fiscales la vigencia del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que marca un máximo de seis meses para la instrucción temporal de los procesos, lo que ha supuesto un “esfuerzo notable” para acelerar los procesos.

Finalmente, José Martínez ha recordado la “desconocida conflictividad laboral” en su ámbito, resultado, ha dicho, de “una dura y prolongada pugna entre las asociaciones profesionales de jueces y fiscales con el ”.

LOS TRES GRUPOS PIDEN MÁS MEDIOS PARA LA FISCALÍA

Por su parte, los tres grupos parlamentarios han coincidido en la necesidad de tomar medidas para mejorar los medios materiales y personales de la Fiscalía. En su intervención en la Comisión, el diputado de ha marcado el objetivo de conseguir una cifra superior de fiscales por cada 100.000 habitantes, no solo para “aligerar cargas” sino también para aumentar la rapidez de una justicia que en ocasiones, ha añadido, genera “malestar” en la ciudadanía por su lentitud.

Mientras, la diputada ‘popular’ ha reconocido el trabajo realizado por todos los profesionales de la Fiscalía y ha puesto también de manifiesto la “necesidad de medidas económicas y de personal para poder realizar bien el trabajo y la responsabilidad por parte del ”.

Finalmente, la diputada socialista ha defendido que es “una reivindicación” de su partido “poner sobre la mesa más presupuesto, más plantilla y mejores condiciones” para lograr “el mejor trabajo de la Justicia en sedes más dignas y con equipamiento y tecnología propia del siglo XXI”.