Así lo ha manifestado a los medios de comunicación tras la finalización del (CPFF) celebrado en y convocado por la ministra de Hacienda y por la de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha informado la Junta en nota de prensa.

Ruiz Molina ha considerado de “especial transcendencia” que se haya comunicado a las regiones que “todo lo que se tenga que discutir de financiación autonómica, se va a discutir en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, por lo tanto, no va a haber otra vía de negociación de los recursos con los que deben contar las comunidades autónomas que no sea este órgano”.

Así, ha señalado que es un “motivo de satisfacción” que no vaya a haber una negociación bilateral con ninguna comunidad autónoma en materia de financiación autonómica porque es “con luz y taquígrafos” cómo se deben adoptar las decisiones que afecten a los recursos con los que deben contar todas las regiones.

“La negociación del modelo de financiación se tiene que hacer en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera y eso es compatible con que haya reuniones a nivel bilateral, como las está teniendo actualmente el presidente del Gobierno de España, , con los presidentes de las diferentes comunidades autónomas, pero, lógicamente, el modelo de financiación afecta a todas las comunidades autónomas y es en el CPFF donde se deben tratar esos asuntos”, ha concluido Ruiz Molina al respecto.

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

Por otra parte, el titular de Hacienda y Administraciones Públicas se ha referido a la posibilidad de reestructuración de la deuda de las comunidades autónomas que se ha abordado en el CPFF, “un tema importante para -La Mancha”, que aspira a que se reestructure aquella parte de la deuda que es consecuencia de un mal funcionamiento del modelo de financiación autonómica.

Finalmente, Ruiz Molina ha subrayado que en materia de financiación, los representantes de los diferentes gobiernos autonómicos han trasladado a la titular de Hacienda que urge la modificación del modelo de financiación y que Montero se ha comprometido a cambiar la forma de trabajar al respecto.

“Ya no vamos a hablar desde el punto de vista técnico, sino que basándonos en los informes técnicos, vamos a trabajar en los próximos meses desde el punto de vista político, con una lista de prioridades, al objeto de que cuanto antes tengamos lo que consideramos todos fundamental para las comunidades autónomas, que es un nuevo modelo de financiación autonómica”, ha concluido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.

ACUERDOS DEL CPFF

El CPFF, que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, acordó este jueves rebajar el objetivo de déficit autonómico para 2019 hasta el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB), desde el anterior 0,1% previsto en la última actualización del Programa de Estabilidad remitido a el pasado mes de abril, lo que permitirá a las comunidades gastar 2.400 millones de euros más de lo esperado el próximo año.

Asimismo, se ha tomado de la decisión de retrasar al año 2021 la meta de ‘déficit cero’ para las regiones, momento a partir del cual no podrán gastar más de lo que ingresan.

Esta mayor libertad en el cumplimiento por parte de las autonomías de los objetivos de déficit surge del anuncio que dio la semana pasada la ministra de Economía, , en Bruselas, que relajaba en cinco décimas las metas del conjunto de las Administraciones Públicas para el próximo año, pasando del anterior objetivo de déficit del 1,3% al 1,8% actual. Las otras tres décimas liberadas se destinarán al déficit de la Seguridad Social, donde se preveía unos ‘números rojos’ del 0,9% del PIB el próximo año.

El CPFF, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también acordó con el conjunto de las comunidades autónomas, representadas cada una de ellas por los consejeros de Hacienda o Economía de cada región, a excepción de Cataluña, desde donde no acudió nadie, los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2020, cuando las comunidades no podrán sobrepasar un déficit del 0,1%, frente al anterior pronóstico que ya contaba con tener las cuentas saneadas para ese ejercicio, un objetivo que ahora se ha trasladado al año 2021.

En contra de este nuevo programa de estabilidad presupuestaria han votado todas las regiones gobernadas por el PP (Castilla y , Madrid, , y ). Canarias y las ciudades autónomas de y también han votado en contra.

Por el contrario, las comunidades donde gobierna el PSOE (Andalucía, , , , Castilla-La Mancha, Extremadura) han votado a favor del acuerdo. No obstante, la Comunidad Valenciana, donde también gobiernan los socialistas, se ha abstenido.

y la Administración central, que también emite su voto, se han sumado al voto a favor, por lo que el resultado final ha sido de ocho a favor, ocho en contra y una abstención.

y País Vasco, por su parte, al tener su propio sistema fiscal no necesitan acudir al CPFF, pues estas negociaciones las llevan a cabo de forma unilateral con el Gobierno para aprobar de forma quinquenal el Concierto y el Cupo, respectivamente.

Asimismo, los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el próximo trienio serán del 23,47% para 2019, del 23% para 2020 y del 22,2% para 2021.

CREACIÓN DE DOS GRUPOS DE TRABAJO

En relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, la ministra de Hacienda ha trasladado a las comunidades la intención del Gobierno de impulsar una reforma del mismo, abriendo una etapa en la que se aborden las discusiones “precisas”, con una perspectiva técnica y política.

En este sentido, Montero ha trasladado a los consejeros su intención de crear un grupo de trabajo para la reforma del sistema, con vistas a introducir mejoras y hacerlo “más solidario y equitativo”, el cual prevé ponerse en funcionamiento pasado el próximo mes de agosto.

De la misma forma, también se ha aprobado la creación de otro grupo de trabajo para promover la coordinación entre la Administración central y las comunidades en lo referente a la creación de tributos propios de las autonomías para conseguir más recursos.

Por último, el CPFF ha adoptado el acuerdo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que culmina el proceso de integración del tramo autonómico en la estructura general del Impuesto sobre Hidrocarburos, proceso dirigido a la unificación de los tipos regionales para una mejor adaptación al derecho comunitario.