El , en cumplimiento del mandato de las Cortes de Castilla-La Mancha, ha dado traslado al la petición del Parlamento autonómico de la convocatoria urgente del (CPFF), según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo regional.

Ha sido la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas la encargada de dar trasladado al de la resolución aprobada en el debate general relativo a los anticipos a cuenta pendientes de la financiación autonómica por parte del Estado y su incidencia en los servicios públicos de Castilla-La Mancha, que se celebró el pasado día 5 de septiembre.

Se trata de una resolución propuesta por PSOE, PP y Ciudadanos, en la que se pide desbloquear “de manera inmediata” el problema de las entregas a cuenta que el Gobierno nacional adeuda a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas en general y, a Castilla-La Mancha en particular, y la liquidación total del IVA del ejercicio de 2017 que también se adeuda, y si fuese necesario, se realicen las modificaciones legales oportunas.

También se solicita abordar el sistema nacional de Dependencia y la deuda del Estado con Castilla-La Mancha pendiente desde 2012, así como que el Gobierno de España, las fuerzas políticas representadas en las Cortes y las comunidades autónomas se comprometan a dar prioridad a la reforma del modelo de financiación autonómico, y lo hagan “con criterios objetivos, rigurosos, equilibradores y solidarios”, teniendo en cuenta las peculiaridades y características propias de la región y que, asimismo, contemple la necesaria armonización de los tributos cuya recaudación corresponde a las comunidades autónomas.

Igualmente, se exige impulsar en el seno del propio Consejo de Política Fiscal y Financiera las negociaciones para alcanzar un acuerdo para aprobar un nuevo modelo de Financiación Autonómica que corrija la actual infrafinanciación de la Comunidad Autónoma y haga posible que Castilla-La Mancha pueda recuperar el dinero perdido durante estos últimos años y, para dar cumplimiento a los referidos acuerdos, se solicita al Gobierno de España, la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.