La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, , participó esta semana en la segunda reunión del grupo de trabajo que está elaborando el cuarto eje estratégico del Plan de Justicia de Castilla-La Mancha, que gira en torno a las infraestructuras judiciales de la región y el equipamiento de los edificios. La reunión tuvo lugar en la Escuela de Administración Regional.

Dentro del análisis de las infraestructuras judiciales que son necesarias en Castilla-La Mancha para mejorar y modernizar la Administración de Justicia, el ha invitado a los operadores jurídicos que participan en la elaboración de este cuarto eje estratégico a diseñar la distribución de servicios y dependencias en los nuevos edificios judiciales, con el fin de hacerlos más operativos y funcionales.

Magdalena Valerio, durante su intervención ante los operadores jurídicos, les agradeció en nombre del presidente Barreda su colaboración en la elaboración del Plan Estratégico de la Justicia de Castilla-La Mancha, y señaló que “en materia de inversiones en infraestructuras y equipamientos es donde radica el mayor escollo para cerrar la negociación de las transferencias de Justicia a nuestra Comunidad Autónoma”.

“Por sentido de la responsabilidad, no asumiremos estas competencias hasta que no cerremos una dotación suficiente, no sólo para hacer lo que se está haciendo, sino para mejorar, porque todos coincidimos en ese objetivo”, afirmó la consejera.

Entre los asistentes a la reunión, el teniente fiscal de Castilla-La Mancha, Antonio Pablo Rives, valoró como “muy positiva” la iniciativa del Gobierno de José María Barreda de contar con todos los operadores jurídicos de la región para elaborar el Plan Estratégico de Justicia, ya que posibilitará que “la futura reestructuración de los edificios judiciales pueda ser operativa” y “desde el punto de vista del Ministerio Fiscal, la Administración de Castilla-La Mancha está dándole la oportunidad de presentar y plantear sus necesidades”.

El objetivo general de este cuarto eje del Plan Estratégico de Justicia de Castilla-La Mancha es realizar un diagnóstico sobre la situación actual de los inmuebles judiciales de nuestra región y decidir qué reformas son necesarias para adaptar los edificios a la normativa vigente, en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad y accesibilidad, así como para su adecuación al nuevo modelo de Oficina Judicial, que entrará en vigor en el año 2010.

Además, este grupo de trabajo deberá determinar el número de inmuebles judiciales que es preciso construir en Castilla-La Mancha para superar las deficiencias actuales y atender las nuevas necesidades, derivadas del crecimiento de población en la región y el aumento de la litigiosidad.

En la reunión de trabajo participaron, además de Magdalena Valerio y el director general de Justicia, Miguel Marcos Ayjón, el magistrado del Juzgado de 1ª Instancia número 1 de Albacete, César Monsalve; el teniente fiscal de Castilla-La Mancha, Antonio Pablo Rives Seva y la decana del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo, María José Díaz Feiras.

También asistieron el secretario judicial coordinador provincial de Cuenca, Francisco Antonio Bellón; el secretario de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, José Pedro Rubio; el gerente territorial de Justicia, Luis Miguel Fresneda; las médicos forenses Carmen Martín Parra y Mónica Casillas; y los representantes sindicales Pascual Díaz, de CCOO, Vicente Pozuelo, de UGT; y Juan Martín de la Puerta, de CSI-F.