Este organismo, creado en el año 2000 por los entonces presidentes autonómicos de la Comunidad de , Castilla y y Mancha: , y , respectivamente, es, según ha indicado el PCAS en una nota de prensa, una herramienta “imprescindible” que permitiría “racionalizar el gasto económico de determinados servicios autonómicos, para garantizar la coordinación entre territorios muy intercomunicados social, cultural y económicamente”.

“La unidad de Castilla no es una quimera historicista, sino una necesidad imprescindible”, ha recalcado el PCAS, que ha aseverado que con los propuestas que ha acordado trasladar a través de Compromís, pretenden “mejorar una comisión con gran potencial de trabajo pero que nace coja y ciega por el nulo interés del PP y Ciuadadanos y la ausencia de Podemos y los nacionalistas”.

A este respecto, los castellanistas han elaborado un listado de los temas que desean incluir en el orden del día de las sesiones de la Comisión de Reforma del Modelo Territorial Español, así como una relación de expertos propuestos para comparecer en el Congreso y presentar la posición política, económica y social de Castilla ante la cuestión territorial.

, “contraria tanto al proceso de recentralización que impulsan el PP y Cs como al independentismo de algunos partidos periféricos, es partidaria de plantear una España plural, donde las diferentes naciones culturales que coexisten en España puedan ejercer su autogobierno, en condiciones de igualdad”, una premisa para la que consideran que hay que “avanzar hacia el reconocimiento de la unidad de Castilla”.

REFORMA CONSTITUCIONAL

En este sentido, los castellanistas consideran que la reforma territorial que proponen es lo “suficientemente importante y ambiciosa como para ser incluida en un proceso más amplio de reforma de la Constitución Española, que actualice y modernice sus planteamientos, tras casi 40 años de vigencia, y que además de modificar el Capítulo VIII de la carta Magna, aborde la inclusión de un apartado de derechos sociales”.

“Todo ello, justificaría su ratificación en referéndum por el conjunto del pueblo español, estableciendo un nuevo contrato cívico con la ciudadanía que supere el actual de periodo de crisis territorial, política, social y económica que padece el conjunto del país”, ha sostenido el PCAS, que entre sus medidas, destaca la idea de “garantizar la igualdad real entre todos los españoles en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos con independencia de la comunidad”.

Además, apuesta por establecer un modelo territorial que “respeto las particularidades de cada territorio, pero rechazando el modelo vigente de comunidades de primera y de segunda”, así como “evitar pacto bilaterales entre Estado y comunidad autónoma como reciente acuerdo entre PP, PSOE y Podemos con el Gobierno vasco”.

Otras de las propuestas incluyen habilitar un listado de competencias y su adscripción a un determinado nivel administrativo, o abordar la financiación autonómica y local para dotar “de un marco de seguridad, de suficiencia económica, de corresponsabilidad fiscal y de garantías democráticas a sus procesos de acuerdo y revisión”.