El y los colegios de abogados del denominado territorio común tienen hasta mañana para certificar ante el que todos aquellos procedimientos que han sido asistidos en los últimos meses con abogados del turno de oficio por designación judicial cumplen los requisitos establecidos por la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

El Ministerio de Justicia comunicó el pasado 4 de diciembre a los representantes de la Abogacía que sólo asumirá el pago de aquellos expedientes de justicia gratuita en los que se den los requisitos de carencia de recursos económicos.

Así, se abrió un plazo que concluye este miércoles para que los colegios de abogados del denominado territorio común —Castilla y , -La Mancha, , y Baleares—; el Colegio de , en cuanto regula el turno de oficio en la y el ; y el remitan todos las certificaciones correspondientes que acrediten que las personas defendidas cumplen los requisitos establecidos por la Ley y el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuito.

ADVERTENCIAS DE LA ABOGACÍA DEL ESTADO Y LA INTERVENCIÓN DELEGADA

Fuentes del Ministerio de Justicia han explicado a Europa Press que esta decisión se ha adoptado después de que la Abogacía del Estado y la Intervención Delegada del Ministerio advirtieran en sendos informes de que el pago a los profesionales que prestan este servicio público podría tener consecuencias penales si no son conforme a la ley.

Por ello, Justicia ya remitió dos oficios en octubre y noviembre en los que se exigía que se acredite que estas personas cumplían los baremos establecidos legalmente antes de librar el pago a los letrados que les han asistido.

Asimismo, las mismas fuentes han indicado que el Ministerio procederá a abonar las cantidades correspondientes en todos aquellos casos en los que se comprueben que los defendidos tenían el derecho a la asistencia jurídica gratuita reconocido.

Sin embargo, el Consejo General de la Abogacía reclama al Ministerio de Delgado que asuma la totalidad del pago del turno de oficio por designación judicial, independientemente de si estas personas tenían el derecho reconocido o no, ya que, según subraya, es un derecho constitucional.

Así, el Consejo denunció en un comunicado emitido después del encuentro mantenido el pasado 4 de diciembre que “el Gobierno se desentiende de esta parte del funcionamiento de los tribunales españoles y deja en manos de los colegios y de los propios abogados sufragar el coste de defensa de quienes no cumplan con los requisitos para recibir los beneficios de la justicia gratuita”.

DETECTARON IRREGULARIDADES EN EL CASO GÜRTEL

El Ministerio de Justicia ya paralizó hace un año el pago a los abogados del turno de oficio por los servicios que prestaron ese verano tras detectar que el anterior equipo ministerial, el de , habría abonado casi 600.000 euros más para sufragar el trabajo de defensas del ‘caso Gürtel’.

Una cantidad que, según afirmó Justicia, “duplica” lo establecido en el convenio firmado en 2016 con el equipo de Catalá, que preveía que el importe máximo a cada uno de los 19 letrados del turno de oficio que trabajaron en esta macrocausa ascendería a 30.000 euros. Si bien se detectó un pago con cargo al Ministerio de 570.000 euros

El departamento dirigido por Delgado reclamó entonces el reintegro de esta cantidad al y al Consejo General de la Abogacía para desbloquear el dinero pendiente, alegando que si no devolvían los 600.000 euros no se podría realizar la siguiente transferencia, ya que el artículo 34.5 de la Ley General de Subvenciones establece que “no podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario sea deudor por resolución de procedencia de reintegro”.

Posteriormente, Justicia abrió una investigación sobre el pago con dinero público a estos letrados que defendieron a sociedades mercantiles —presentes en el procedimiento como personas jurídicas— y a acusados que no tenían reconocida la asistencia gratuita o que le fueron denegada, tal y como publicó ‘El País’ y confirmó la ministra .