Castilla-La Mancha fue, el año pasado, la única comunidad autónoma en España que consiguió financiación dentro de los diferentes programas de la Dirección General de Protección Civil y Operaciones de Ayuda Humanitaria Europeas, a través del proyecto ‘FIREGRUS’ de las denominadas ‘Buffer Capacities’.

Esto, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional, la ha convertido en un referente para el resto de profesionales de emergencias a nivel nacional que han conocido, esta semana, de primera mano cómo se desarrolló el procedimiento ante para tramitar el proyecto.

En este encuentro, Castillla-La Mancha ha trasladado a otros profesionales de emergencias su experiencia durante la participación del programa de la Unión Europea en caso de catástrofes naturales, a través del proyecto ‘FIREGRUS’, donde el módulo regional compuesto por dos aviones de carga en tierra, dos pilotos, dos oficiales de enlace y un técnico de mantenimiento aeronáutico fue activado en dos ocasiones para colaborar en la extinción de los incendios forestales que asolaron Portugal el verano pasado.

En concreto, un representante de la Dirección General de Política Forestal y Espacios Naturales de la región ha detallado el proceso que Castilla-La Mancha llevó a cabo para alcanzar este objetivo, así como aspectos relevantes de las dos misiones en Portugal, ante más de medio centenar de profesionales del Ministerio de Agricultura y , y Medio Ambiente (MAPAMA), Guardia Civil, bomberos de los ayuntamientos de la , así como voluntarios de Protección Civil de diferentes ayuntamientos.

El módulo de Castilla-La Mancha fue activado por la ‘European Emergency Response Capacity’ (EERC), colaborando activamente en el país vecino en dos misiones: del 18 al 25 de junio en el incendio de Pedrógao Grande, con 65 horas y medio de vuelo y 114 descargas de agua frente a las llamas y, del 13 al 21 de agosto, en Ferreria Do Zezere, donde se realizaron 191 descargas y similares horas de vuelo.

La jornada despertó gran interés dentro del contexto internacional en el que ha probado su programa anual de Protección Civil para financiar nuevos proyectos de investigación o de actividades relacionadas con la prevención y preparación ante catástrofes europeas y en terceros países, como son los incendios forestales.