Castilla-La Mancha lidera un Proyecto Europeo para hacer compatible la protección de datos con la investigación de delitos
El Gobierno regional colabora con la Comisión Europea en la financiación del proyecto de investigación, que dirige la Universidad de Castilla-La Mancha
Dieciséis expertos de varios países e instituciones europeas y de distintas comunidades autónomas españolas se han reunido durante dos días en Toledo para redactar un código de normas, un manual y un módulo formativo judicial dirigido a facilitar que jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y policías puedan hacer compatible la persecución eficaz del delito con el derecho a la intimidad y la protección de datos de carácter personal.
La consejera de Administraciones Públicas y Justicia, Magdalena Valerio, dio la bienvenida en nombre del presidente Barreda a los expertos jurídicos de varios países, instituciones europeas y comunidades autónomas españolas que, durante dos días, se han reunido en Toledo para desarrollar el Proyecto Europeo “DCiCP - La Protección de Datos en el Proceso Penal”.
Se trata de un proyecto de investigación dirigido por la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), y en cuya financiación participa el Gobierno regional junto a la Comisión Europea, que tiene como principal objetivo hacer compatible en todo el ámbito europeo la investigación y persecución eficaz de los delitos con la preservación de los derechos fundamentales a la intimidad y a la protección de datos de carácter personal.
Magdalena Valerio destacó la importancia del proyecto, ya que la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa “da una gran relevancia al derecho a la protección de datos y a la intimidad, a la vez que insiste en la coordinación en la persecución del delito y en materia de seguridad en todos los países de la Unión Europea”.
Por ello, el código de normas, el manual y el módulo formativo que están elaborando los participantes en el Proyecto Europeo “DPiCP - La Protección de Datos en el Proceso Penal”, será, en opinión de la consejera, “una herramienta muy útil para facilitar la labor diaria de jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, policías y de todos los colectivos profesionales dedicados a perseguir a los delincuentes en los países europeos, protegiendo a la vez los derechos a la intimidad y a la protección de datos de las personas”.
El proyecto empezó a desarrollarse en abril de 2009 y culminará en septiembre de este año con la presentación de resultados en la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Gobierno de Castilla-La Mancha formalizó su participación en la financiación de los trabajos a través de un convenio de colaboración suscrito con la Universidad de Castilla-La Mancha en mayo del año pasado.
Además de en la financiación del proyecto, la Consejería de Administraciones Públicas y Justicia participará en la divulgación de sus resultados, y en la difusión entre los miembros de la Judicatura, la Carrera Fiscal, los secretarios y secretarias judiciales y el resto del personal que presta sus servicios en el ámbito de la Administración de Justicia en Castilla-La Mancha.
En la reunión de trabajo celebrada en Toledo han participado: Ángeles Gutiérrez, profesora de la UCLM, representante de Eurojust y responsable general del proyecto; Diana Alonso, responsable de Protección de Datos de Eurojust; Joaquín Bayo, experto de la Red Judicial Española de Cooperación Internacional; Luis Casero, magistrado de la Audiencia Provincial de Ciudad Real; José Antonio del Cerro, fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Daniel Drewer, responsable de Protección de Datos de Europol; Emilio Frías, fiscal de la Fiscalía Provincial de Albacete; Niels Groeham, abogado holandés especializado en Protección de Datos y colaborador de la Fiscalía holandesa; Laraine Laudati, responsable de Protección de Datos de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF); Peter Michael Alexander, de la Secretaría del Convenio Schengen, de Aduanas y de Europol; Francisco Moreno, fiscal de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado.
Carolina Rius, magistrada en Valencia; Teresa Rodríguez, secretaria judicial coordinadora de Toledo; Max Schoental, fiscal de la Fiscalía de Alemania; Graham Sutton, representante del Consejo de Europa y experto en Protección de Datos; y Miguel Marcos Ayjón, director general de Justicia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.







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