El PSOE ha registrado una proposición no de ley para solicitar al Gobierno que reponga los fondos del Plan Concertado de servicios sociales básicos de corporaciones locales, como mínimo al nivel de 2011, y asuma así un “compromiso financiero estable” para garantizar su viabilidad.

Según recuerdan los socialistas en la iniciativa, que recoge Europa Press, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2011 el crédito para el desarrollo del Plan Concertado tenía una dotación de 86,6 millones de euros, que con la llegada del PP al Gobierno bajó en 2012 a 50 millones y en el ejercicio presupuestario de 2013 por debajo de los 30 millones.

“Se trata de un recorte de más del 66 por ciento, que llega en un momento en el que se estima que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se ha incrementado un 200 por cien”.

Asimismo, y ante la posibilidad de que el Ejecutivo decida retirar su aportación para financiar el Plan Concertado, el PSOE alerta de que se pondría “en peligro” el futuro de los servicios sociales municipales en el momento “en el que las familias necesitan más ayuda, se incrementa la pobreza y se disparan los desahucios”.

En otra proposición no de ley, los socialistas solicitan al Gobierno adoptar las medidas necesarias para asegurar la prestación del servicio de teleasistencia con unos “adecuados niveles de calidad y cobertura”, dotando de la financiación necesaria al Programa de Teleasistencia domiciliaria, instrumentado a través del convenio-marco suscrito entre el (IMSERSO) y la y Provincias (FEMP).

Según argumenta el PSOE en su iniciativa, en un año, el Gobierno ha aprobado dos Presupuestos Generales, los correspondientes a los

ejercicios 2012 y 2013, que han supuesto la “desaparición” de la partida de Teleasistencia, que se encuentra en las cuentas de la Seguridad Social, —Sección 60—, en concreto en el Presupuesto de Gastos del IMSERSO, “manteniendo únicamente la cantidad correspondiente a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”.

Asimismo, señalan que la “desaparición” de esta dotación presupuestaria, que en 2011 ascendía a 32 millones de euros, perjudicará a unos 5.535 municipios que recibían financiación de este programa para prestar un servicio que beneficiaba a cerca de 250.000 personas.