Con este acuerdo se da cumplimiento al texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios aprobado mediante el Real Decreto ley 1/2015 que establece las aportaciones que debe realizar la industria farmacéutica al Sistema Nacional de Salud en función de su volumen de ventas.

Del total, 23.191.834,71 euros se distribuirá entre las comunidades autónomas para toda clase de gastos necesarios, incluido personal, para el desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y formación continuada en el uso racional de medicamentos. Y, en concreto, los fondos irán destinados a programas de mejora de la calidad de la atención farmacéutica a pacientes crónicos, polimedicados y programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

El reparto de los fondos se hará mediante una asignación económica fija para cada comunidad autónoma y la cantidad restante distribuida proporcionalmente de acuerdo a criterios poblacionales, tal y como se acordó en el Pleno del celebrado el pasado 14 de octubre de 2019.

Y queda del siguiente modo: Andalucía (4.077.425,66) , Cataluña (3.699.265,59), (3.206.529,26), Comunidad Valenciana (2.428.180,34), (1.337.607,80), y (1.196.544,90), País Vasco (1.095.259,68), Canarias (1.060.833,72), Castilla la Mancha (1.012.196,79), (747.842,54), Aragón (665.985,00), (579.287,28), Extremadura (552.265,97), (530.753,54), (347.209,15), (314.749,34), Rioja (187.198,31), Ceuta (76.051,00) y Melilla (76.648,84).

Además, también los recibirán los programas de desarrollo de la receta electrónica; programas de desarrollo de las medidas previstas en el RDL 16/2012, de 20 de abril, para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; programas de desarrollo de las terapias avanzadas para garantizar el acceso a los tratamientos y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS); y el Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de selección y diseminación de resistencia a los antibióticos.

Asimismo, los créditos irán destinados a programas de desarrollo de las nuevas medidas de farmacovigilancia, ampliación y mejora de los Sistemas de Información Sanitaria en el ámbito de las CCAA; el programa de formación continuada en materia de resistencias a los antibióticos y, por último, programas de formación continuada en el uso racional del medicamento para médicos, odontólogos, farmacéuticos, enfermeros e inspectores del Sistema Nacional de Salud.