La Comisión Ejecutiva de la FSS-CCOO de Castilla-La Mancha ha aprobado una Resolución en la que manifiesta su desacuerdo y oposición a la decisión adoptada por la Consejerías de permitir la objeción de conciencia para la realización de interrupciones voluntarias del embarazo a los y las Médicos de Familia.

Entiende la Comisión Ejecutiva que de la Ley no se desprende la posibilidad de objeción de estos profesionales, a los cuales encomienda funciones de información incluidas en su tarea fundamental de promoción de la salud.

E n este sentido, le preocupa fundamentalmente cómo se va a garantizar la igualdad de acceso a la prestación reconocida por la Ley, especialmente si se producen objeciones mayoritarias en algunos centros de salud, o en el caso de consultorios de localidades donde se pasa la consulta en solitario.

La comisión Ejecutiva de la ha aprobado la siguiente Resolución y la difusión pública de la misma.

“La Federación de Sanidad y Sectores sociosanitarios de CC.OO. de Castilla-La Mancha se muestra preocupada por la decisión adoptada por la Consejería de Salud y Bienestar Social de permitir la declaración de objeción de conciencia para la realización de la interrupción voluntaria del embarazo a los y las profesionales médicos de Atención Primaria.

En la FSS-CCOO entendemos que esta medida no se ajusta a lo dispuesto por la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y supone, en la práctica, una limitación del acceso a las mujeres a esta prestación del Sistema Nacional de Salud. Por este motivo, manifestamos nuestro desacuerdo y oposición a la medida adoptada.

De la Ley no se desprende la posibilidad de objeción de estos profesionales porque se entiende que no participan en la realización de las interrupciones voluntarias del embarazo, y que la información ofrecida a las mujeres que están considerando someterse a una IVE entra dentro de las funciones de información, formación y promoción de la salud, fundamentales en la Atención Primaria. La Ley encomienda a los y las profesionales de primaria la información completa sobre todas las posibilidades que en la materia tiene la mujer y sobre las repercusiones que puede tener en la salud someterse o no a una interrupción voluntaria del embarazo. No se condiciona la actuación profesional, la cual no tiene más limitaciones que las deontológicas de estos profesionales.

De igual manera, en el sobre entregado se informa del sistema de protección social y de las ayudas públicas, tanto para las mujeres embarazadas, como para el cuidado y atención de los hijos.

Nos preocupa especialmente cómo va a mantener el Sescam la igualdad de acceso a las prestaciones si se producen objeciones mayoritarias en algunos centros de salud, o si la persona que objeta es el o la médico de familia que atiende la consulta programada de un consultorio local en solitario.

Por último, entendemos que la decisión de la Consejería de Salud y Bienestar Social no se ajusta a lo dispuesto por la Ley Orgánica, la cual establece que las condiciones fijadas para la Interrupción voluntaria del embarazo se interpretarán en el modo más favorable para la protección y eficacia de los derechos fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no discriminación.”