El acto de firma ha tenido lugar en Cuenca y ha sido rubricado por los secretarios generales de CCOO y UGT CLM, de la y , respectivamente, por el presidente de Castilla-La Mancha, , y el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, .

“Ninguna Administración pública debe permitir la explotación o la pérdida de dignidad” de los trabajadores y trabajadoras, en este caso, de quienes prestan servicios públicos a través de empresas privadas, ha afirmado De la Rosa, quien ha destacado que la firma de este Acuerdo “va a permitir recuperar la dignidad a más de 30.000 trabajadores y trabajadoras, especialmente mujeres”, así como “blindar derechos mínimos, a la vez que se garantiza la prestación de unos servicios públicos de calidad”.

El líder regional de CCOO ha recalcado que “ni un solo servicio externalizado puede convertirse en una subasta al mejor postor, sin importar ni el servicio que se presta, ni las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras que son contratados, pues, qué duda cabe, la estabilidad en el empleo, las condiciones salariales dignas, la prevención de riesgos laborales, el respeto a los derechos sindicales, etc, son garantía de calidad no solo en las relaciones laborales, sino también en la prestación de los servicios públicos. Es imposible dar a la ciudadanía lo que merece y reclama desde la precariedad”.

Quienes defendemos la cohesión social, la igualdad y la justicia no nos conformamos ante la desidia y el olvido que sufren muchos servicios públicos, que bajo el eufemismo de “externalizados”, o mejor dicho “privatizados”, caen en las fauces de uno de sus mayores enemigos, la rentabilidad empresarial, dando lugar en ocasiones a clientelismos y corruptelas.

“Con este Acuerdo, que suscribimos conscientes de que la recuperación de los derechos arrebatados es posible con diálogo, intención y acuerdo político, social y sindical, se garantiza que los servicios que se prestan sean de mucha calidad y sobre todo que los trabajadores y trabajadoras tengan los derechos que les garantiza su convenio colectivo y el Estatuto de los Trabajadores”, recalca el secretario regional de CCOO.

Ya en el año 1949 la OIT obligó en el Convenio 94, ratificado por España en 1971, a todas las Administraciones Públicas a velar para que los contratos públicos aseguren a los trabajadores y trabajadoras del contratista unas condiciones laborales no menos favorables de las que disfrutaran los trabajadores del sector, lo que se garantizará con el Acuerdo de Estabilidad que se suscribe y que garantiza el empleo.

No cejaremos en el empeño de encontrar fórmulas que devuelvan los servicios públicos y su gestión a las Administraciones, de donde nunca debieron salir, protegiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras y su estabilidad en el empleo, pero mientras esto llega serán las llamadas cláusulas sociales las que cumplan este cometido, debiendo caminar con determinación ambiciosa, premiando a las contratistas que ofrezcan mayor cantidad de contratos indefinidos, mayor nivel de protección de los riesgos laborales, mayores condiciones de igualdad y promoción, etc., amparando precios mínimos que además ofrezcan solvencia y garantías a los servicios públicos y un desarrollo digno y eficaz de las relaciones laborales.

Por su parte, la secretaria general y Servicios de , , hace hincapié en que “CCOO y los trabajadores y trabajadoras de las contratas de la JCCM llevamos años manifestándonos, pasando muchísimo calor y muchísimo frío hasta conseguir este acuerdo, que ha costado negociarlo, pero que el Gobierno actual ha entendido la necesidad de firmarlo”.

Es el III Acuerdo, tras los firmados en 1998 y en 2007, pero debería ser el IV. “Cuando estábamos a punto de firmar el III llegó Cospedal y en el primer nos lo arrebató”.

Un acuerdo que garantizará, entre otras cosas, la aplicación de los convenios colectivos, -CCOO, como siempre, estaremos vigilantes para que los derechos labores se cumplan-; así como que a las empresas incumplidoras que vienen a machacar los derechos laborales les sean rescindidos los contratos que les sean adjudicados”, señala Toboso.

En este sentido, el presidente de Castilla-La Mancha y el consejero de Hacienda y han señalado que en el Consejo de Gobierno de la próxima semana se va pedir “autorización para resolver la rescisión del contrato a la empresa a la que se ha adjudicado el servicio de vigilancia de seguridad de la JCCM”.

Asimismo, ha señalado que una vez aprobados los Presupuestos regionales para 2017, uno de los objetivos del Ejecutivo será “revertir la tasa Cospedal”.