Estas mismas fuentes han confirmado que en el mes de noviembre se iniciaron los trámites para que estos medicamentos dejen de formar parte de la financiación pública. Pese a que no precisan cuándo se dejarán de pagar en concreto, apuntan que “es un proceso que lleva tiempo”. En cualquier caso, puntualizan que “esto no implica que desaparezca de las farmacias”, solo que no se va a costear desde el Estado, por lo que los pacientes que deseen tomarlos podrán comprarlos si pagan su precio total.

Por otra parte, argumentan que los sysadoa en otros países “son considerados suplementos alimenticios o medicamentos sin prescripción médica, por lo que se publicitan”. “Esto último es motivo de exclusión en España”, recuerdan. De hecho, aunque en España están actualmente financiados, en otros países se ha llevado a cabo su retirada de la financiación pública o directamente no están financiados, como por ejemplo en Francia, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, Eslovaquia, Irlanda, Islandia, Lituania, Noruega, Países Bajos o Malta.

“Todas las comunidades autónomas han realizado múltiples intervenciones informativas sobre estos medicamentos para no fomentar su prescripción e incluso para desprescribirlos en los pacientes en los que estaban prescritos, lo que denota la no necesidad sanitaria de que estén financiados. Por ejemplo, , , Cataluña, Castilla-La Mancha, , , , , Andalucía, etcétera. En la Comisión Permanente de Farmacia del y en la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos se ha solicitado, en reiteradas ocasiones, la exclusión de este principio activo de la prestación farmacéutica”, añaden.

PACIENTES CLAMAN CONTRA LA DECISIÓN

En cambio, asociaciones de pacientes con artrosis han pedido este jueves que el Ministerio no retire la financiación pública de los sysadoa, ya que defienden que es su “única alternativa”. “Su desfinanciación dejaría un vacío terapéutico no sustituible para los pacientes”, ha denunciado en rueda de prensa el CEO de la Osteoarthritis Foundation International (OAFI), Josep Vergés .

“Supondría, además, un impacto muy negativo, dado que aumentaría el consumo de analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) u opiáceos, con el consiguiente aumento de efectos adversos, hospitalizaciones, bajas laborales y posiblemente más prótesis. Todo ello conllevaría a un grave empeoramiento de la calidad de vida de los pacientes con artrosis, y un aumento directo del gasto sanitario, todo lo contrario de lo que la medida pretende”, han asegurado.

Según sus cálculos, “mínimo medio millón de pacientes utilizan los sysadoa”. Así, han asegurado que, si estos pacientes dejan de tomar estos fármacos, tendrían que pasar a analgésicos y/o antinflamatorios de forma crónica, algo que “está cuestionado por numerosas publicaciones científicas y medicosanitarias, principalmente en pacientes con comorbilidades por motivos de seguridad, como enfermedades cardiovasculares (hipertensión arterial, isquemia coronaria), hepáticas, renales, gastrointestinales, entre otras”.

Las asociaciones, al contrario que Sanidad, han reivindicado que los sysadoa, “que cuestan alrededor de unos 10 euros al mes”, son eficaces y seguros. “Son eficaces en el tratamiento sintomático de la artrosis y deberían continuar siendo financiados en las indicaciones clínicas precisas de artrosis de rodilla y manos y comorbilidades asociadas”, han defendido.