Así lo ha manifestado la ministra en declaraciones a los periodistas antes del comienzo del y Dependencia. Carcedo ha precisado que todavía no se conoce la cifra recaudada a través de la casilla de Fines Sociales, conocida como X Solidaria, aunque sí superará la recaudación lograda el año pasado, cuando rondó los 200 millones.

“No tenemos aún la cuantía definitiva porque todavía no se dispone de las cifras exactas de la recaudación del IRPF. De momento se dispone de las cuantías del ejercicio anterior, pero no puede ser un reparto oficial porque no tiene aún los trámites completos”, ha explicado.

En este contexto, ha afirmado que “sí se puede acordar” con las comunidades autónomas el reparto “al menos de la cuantía del ejercicio anterior”. “A falta de la liquidación definitiva del ejercicio de 2018, sí conocemos que se han incrementado”, ha declarado, apuntando que “al menos” dispondrán de las cantidades del año pasado.

Así pues, en la reunión, la ministra va a trasladar las cantidades correspondientes a los diferentes consejeros autonómicos, con los que se ha reunido este miércoles en , a pesar de que se desconoce exactamente a cuanto asciende la recaudación definitiva por el 0,7% del IRPF en 2018.

El modelo para conceder subvenciones con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF reparte un tramo estatal del 20% y un tramo autonómico del 80%, después de que el diera la razón a la Generalitat de Cataluña por invasión de competencias, lo que obligó al Ejecutivo a diseñar un nuevo modelo de reparto.

En total, en 2018 se repartieron 251,9 millones de euros con cargo al 0,7 por ciento del IRPF —11,2 millones más que en 2017—, de los cuales 49,2 millones corresponde repartirlos al Estado y 202,6 millones a las CC.AA.

Según fuentes del , es una prioridad poder hacer un reparto de estos fondo entre las comunidades autónomas (CC.AA.) con el objetivo de que se les transfiera ese dinero cuanto antes, independientemente del contexto político y de la convocatoria de elecciones anticipadas.

VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA

Por otro lado, la ministra ha señalado que el “punto más importante” de la reunión con las autonomías es el debate sobre el borrador del anteproyecto de la ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y frente a la violencia contra los niños. “Es una de las leyes que lamentablemente no podemos ultimar su tramitación por la disolución de las Cortes pero esperamos que en la próxima legislatura sea una prioridad y es una necesidad urgente”, ha recalcado.

A su juicio, es una norma “muy importante” y, por ello, el PSOE “se compromete a impulsarla” tras las elecciones generales para que “vea la luz”. En cualquier caso, ha explicado que el Gobierno está siguiendo con los trámites necesarios para llevarla a cabo, aunque en ningún caso daría tiempo a completar su tramitación en esta legislatura.

El anteproyecto preveía aumentar el plazo de prescripción de los abusos sexuales contra menores, para que este empezara a contar a partir de que la víctima cumpliera 30 años, a pesar de que asociaciones de infancia preferían elevarla a 50 años.

Preguntada al respecto, la ministra ha señalado que se han solicitado informes a los organismos correspondientes, que están estudiando las aportaciones que en fase de información pública se presentaron, entre ellas, los plazos previstos para la prescripción de los abusos a menores.

Según ha defendido, “hay que combinar” la necesidad de dar tiempo a las personas que lo han sufrido “para asumir y actuar” para denunciar esos abusos con las garantías del ordenamiento jurídico español y el Código Penal. De ahí que se estableciera la edad de prescripción en los 30, según ha incidido.

La ministra va a trasladar a los representantes autonómicos el Plan Nacional de Alzheimer y les va a informar sobre el proyecto del nuevo sistema de información de Servicios Sociales, así como la nueva Estrategia Nacional de prevención y Lucha contra la pobreza y la exclusión social 2019-2023.

También va a informar sobre el estado de elaboración del informe de progresos 2018 de la estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España 2012-2020.