Además de la castellano-manchega, las comunidades autónomas que tienen un mayor número de nuevas prestaciones por hijos con cáncer u otras enfermedades graves son Madrid con 671; Cataluña con 556; Andalucía con 321; Comunidad Valenciana 163; País Vasco con 184; Castilla y con 126; con 114; con 91; Canarias con 81; Aragón con 61; con 49; con 43; con 37; con 25; Extremadura con 20; con 14; la ciudad de con 3 y la de con 2.

A nivel nacional, el Ministerio reconoció en 2017 las prestaciones por hijos con cáncer u otras enfermedades graves a un total de 2.642 padres trabajadores para poder cuidar de sus hijos enfermos, lo que ha supuesto casi un 23 por ciento más con respecto al año anterior; mientras que ha destinado a su pago de las mismas 66,5 millones de euros en 2017, lo que ha supuesto un 36% más de presupuesto que el año anterior.

Asimismo, el número de procesos vigentes a 31 de diciembre de 2017 alcanzó los 4.263, frente a los 3.298 de 2016. “Este aumento del 29% subraya la necesidad de una prestación que permite a los trabajadores simultanear el cuidado de sus hijos con enfermedad grave con su tarea profesional”, advierten en una nota.

La propia naturaleza de la prestación hace que la duración sea elevada, hecho que explica que la duración media de las mismas que han finalizado en 2017 es de 381 días, frente a los 350 días de 2016.

MÁS DE 7 AÑOS DE VIGENCIA

Estas prestaciones, que ya llevan vigentes siete años, tienen como objetivo compensar la pérdida de ingresos que los padres sufren como consecuencia de obtener un menor salario al tener que reducir su jornada laboral. Se pueden beneficiar de este subsidio los trabajadores afiliados y en alta, cualquiera que sea su sexo, que reduzcan su jornada de trabajo en, al menos, el 50%.

La prestación económica del subsidio se calcula sobre el 100 por 100 de la base reguladora establecida para la prestación por incapacidad temporal, derivada de contingencias profesionales. La prestación se extingue cuando cese la necesidad del cuidado directo, continuo y permanente del menor o cuando éste cumple 18 años.

El 97 por ciento del gasto ha sido gestionado por las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional de la Seguridad Social (65,1 millones de euros) que han reconocido 2.561 nuevas prestaciones y resto por el la Seguridad Social (INSS) y el la Marina (ISM).