Dicha reglamentación “beneficiaría tanto a los productores europeos, que obtendrían una certificación de procedencia y calidad de sus mercancías, como a los consumidores, que contarían con más información y garantías sobre los productos”, aseguran los eurodiputados en la misiva, ha informado el PSOE en nota de prensa.

Asimismo, esta legislación protege la fabricación de productos de calidad, aumenta en un 25% la demanda internacional, ayuda en la lucha contra el fraude y favorece en un 30% la creación de empleo potencial, según señala Virginie Rozière en su informe. Del mismo modo, la protección de las indicaciones geográficas apoya a las pequeñas y medianas empresas que a menudo se encuentran en zonas rurales donde la tasa de pobreza o desempleo supera el 20%, promoviendo la inversión en estos espacios.

No es la primera vez que Sergio Gutiérrez se dirige a la Comisión Europea para pedir una legislación que proteja las IGP. Ya lo hizo con anterioridad a través de dos preguntas por escrito las cuales, de momento, no han obtenido respuesta.