Este ha sido el mensaje que los consejeros y responsables de asuntos sociales de estas comunidades autónomas han trasladado al y Dependencia extraordinario, presidido por la ministra, en el que han sellado el acuerdo alcanzado previamente sobre el nuevo sistema. Lo que sí han pedido a Montserrat es que publique cuanto antes la distribución de los créditos para que las comunidades autónomas puedan realizar sus convocatorias y que las ONG y otras entidades del Tercer Sector se acojan a las subvenciones.

“El acuerdo viene tarde y queremos decir aquí que vamos a gestionarlo con dificultades porque han pasado dos meses desde la última reunión y ya teníamos que tener transferidos los créditos para hacer esta gestión”, ha afirmado la consejera de Asuntos Sociales de Andalucía, , en declaraciones a los medios a la entrada de la reunión con la ministra y el resto de consejeros.

La distribución de los créditos entre las autonomías se realizará en proporción al porcentaje que efectivamente ha correspondido a cada comunidad en la resolución de concesión correspondiente a la convocatoria de 2016. Por ello, las seis comunidades han insistido en que “lo importante ahora es avanzar en el nuevo modelo”, que se plasmará en un real decreto ley que el pasado autorizó su tramitación urgente.

También han reclamado a la ministra que el presente acuerdo que sellan este lunes tenga vigencia solamente este 2017 y que para el siguiente ejercicio se constituya un grupo de trabajo que analice el futuro del sistema de las subvenciones del IRPF para que empiece a aplicarse en 2018.

La consejera andaluza ha dicho que el decreto del Gobierno permitirá gestionar 240 millones de euros para toda España, de los que 39 le corresponden a Andalucía, mientras que los titulares de Aragón y Extremadura han indicado que a sus comunidades les competen 8 y 6,7 millones, respectivamente. “Hay muchas entidades pendientes de que las subvenciones se gestionen porque si no podrán atender a los colectivos ni mantener los puestos de trabajo dedicados a atenderlos”, ha insistido Sánchez Rubio.

Preguntada por el rechazo unánime de la Plataforma del Tercer Sector al nuevo modelo de reparto de gestión de los fondos, que pedía que fuera 50/50, Sánchez Rubio ha indicado que este colectivo “quiere seguir manteniendo una estructura asociativa a nivel estatal”, pero que, a su juicio, “lo que hay que garantizar es lo que transfieren a las comunidad autónomas” atendiendo al mandato del en su sentencia del pasado 19 de enero con la que dio la razón a Cataluña por invasión competencial.

Los programas que se financian con la casilla ‘Actividades de Interés Social’ van dirigidos fundamentalmente a la infancia, familias, juventud, mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social. En total, benefician a más de siete millones de personas, a través de los más de 1.300 programas de medio centenar de ONG.