La consejera de Trabajo y Empleo, María Luz Rodríguez, señaló hoy en Toledo que el departamento que dirige remitió, durante el primer trimestre del año, 11 actas a la Fiscalía por indicios de posibles delitos contra la seguridad de los trabajadores, como ya se dio a conocer en el seno de la Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral.

Rodríguez explicó que, durante el año pasado, se enviaron a la Fiscalía un total de 34 expedientes, ya que “en cuanto detectamos un posible indicio de delito, remitimos el acta a la Fiscalía para ver si hay lugar a un procedimiento legal”.

La titular de Trabajo y Empleo presidió el encuentro mantenido en la Consejería con los fiscales especialistas en siniestralidad laboral y en el que se ha repasado la labor conjunta que realizan el Gobierno regional, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la propia fiscalía, en virtud del convenio suscrito en 2007 por el Ejecutivo castellano manchego y la Fiscalía General del Estado para coordinar el trabajo conjunto de los tres organismos.

En declaraciones a los medios de comunicación, la consejera manifestó que “en algunos accidentes de trabajo, se remiten directamente los actas a la Fiscalía para que se inicien investigaciones para ver si se ha producido algún tipo de delito contra los derechos de los trabajadores o por incumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales”.

En ese momento, la Consejería y la Inspección de Trabajo paralizan las sanciones administrativas a la espera de la confirmación de que se ha producido dicho delito.

La reunión mantenida hoy tiene por objeto continuar mejorando la coordinación entre las partes, puesto que “ese trabajo conjunto tiene que ajustarse muy bien para hacer muy ágil la labor de la Fiscalía, de la Consejería y de la Inspección de Trabajo en la sanción de aquellos incumplimientos de las normas”, según apuntó María Luz Rodríguez, algo en lo que coincidió el coordinador regional de los fiscales especialistas en siniestralidad laboral, Ramón Sánchez, quien valoró como “muy fluido” el diálogo existente y que está dando como fruto unos buenos resultados.

Por otra parte, la responsable de Trabajo y Empleo lamentó los últimos accidentes de trabajo mortales producidos esta semana en la provincia de Albacete y expresó el compromiso del Gobierno de Castilla-La Mancha en “no bajar la guardia en esta materia” para continuar trabajando por alcanzar un horizonte de siniestralidad cero en al región.

Un avance que se está produciendo, según indicó Rodríguez, ya que los datos ofrecidos por el Ministerio de Trabajo e Inmigración reflejan que, en el último año, Castilla-La Mancha es la Comunidad Autónoma que más redujo el número de accidentes laborales mortales, un 39 por ciento, y la tercera que más disminuyó la tasa de siniestralidad, con un descenso del 18,7 por ciento.

La consejera remarcó que hay que seguir trabajando de forma conjunta y detalló que, según se presentó en la última Comisión Regional de Seguridad y Salud Laboral, se está realizando una labor de control exhaustivo de las normas de prevención de riesgos laborales en alrededor 2.000 empresas de la región y se han visitado más de 4.000 obras de construcción. Además, la Inspección de Trabajo realizó en el primer trimestre de 2009 más de 4.500 actuaciones en esta materia, que han supuesto casi 250 infracciones, 16 paralizaciones de trabajos y 1,5 millones de euros de sanciones.