Así lo ha puesto de manifiesto el presidente regional, , quien ha dado las gracias “de corazón” a todos los que han apoyado de forma constructiva esta ley y ha confiado en la ayuda del sector y de los grupos parlamentarios para desarrollarla “y profundizar y avanzar en ella”.

Un texto que, como ha confesado, surge de la escucha del “temor” y el “miedo” de muchos familiares de personas con discapacidad sobre lo que ocurría cuando ellos no estuvieran, algo que le “caló en la cabeza”, especialmente al oír a una familia de Apanas, con la que espera reunirse en las próximas semanas.

“Tomé la decisión personal y política de proponer que algo había que hacer”, ha señalado el presidente autonómico, que ha aseverado que cuando esos familiares ya no estén “estará Castilla-La Mancha. Estará esta región, y estará jurídicamente”, ha detallado, con un texto “que no tendrá limitación presupuestaria, porque tendrá que ir por delante de otras prioridades”.

UNA LEY CON DOS GRANDES OBJETIVOS

La consejera de Bienestar Social, , ha explicado que, para el desarrollo de la ley, se plantean dos grandes objetivos: sistema de apoyos y garantía de apoyo residencial.

De este modo, se elaborarán planes personales de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones y se impulsarán unidades de orientación y apoyo con orientadores; la puesta en marcha de una oficina regional de orientación y apoyo, y el registro de los planes de futuro.

También se establecerá una garantía de apoyo residencial, una vez que la persona con discapacidad que presenta limitaciones para la toma de decisiones no cuente con sus apoyos familiares.

Para ello, el proyecto de ley establece una garantía de preferencia de acceso a la red de recursos residenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para aquellas personas con discapacidad que carezcan de apoyos familiares.

El presupuesto para 2018 —que permitirá el desarrollo de la ley— asciende a cinco millones de euros, que conllevará la creación de más de 400 plazas de atención especializada y 85 plazas residenciales para personas con trastorno mental.

Los beneficiarios de las medidas de protección que contempla la ley son personas con discapacidad que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones y, en concreto, son 35.716 personas que representan un 25,36% del total de las personas con discapacidad que hay en Castilla La Mancha.

EL PP NO QUIERE SER “AGUAFIESTAS” Y VOTA A FAVOR

De su lado, la diputada regional del PP Cortes Valentín, que ha censurado que la de apoyo para personas con discapacidad sea la “única” ley que ha presentado la Consejería de Bienestar Social, ha advertido a la consejera del ramo que “las leyes son sociales cuando se desarrollan, cuando se trabajan y cuando se cumplen”.

Valentín ha asegurado que el no tiene capacidad para gestionar esta ley de forma “inmediata” y ha recordado que, gracias a las enmiendas presentadas por el PP (al pleno han llegado ‘vivas’ 11), se va a reducir a nueves meses el tiempo previsto para el desarrollo reglamentario de la ley.

La parlamentaria, que ha apuntado que no quiere ser “aguafiestas”, ha anunciado que la bancada ‘popular’ retira sus enmiendas porque desea que esta ley se apruebe por unanimidad.

PODEMOS: CON ESTA LEY GANA C-LM

La diputada de Podemos ha apuntado que la importancia de “esta ley no está en la voluntad ni en el alma de un gobierno que está obligado a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía”, sino que es fruto de “la lucha y reivindicación que año tras año llevan realizando las familias y los profesionales en pro de las personas con discapacidad”.

“Hoy no gana ningún grupo parlamentario, gana la sociedad castellano-manchega”, ha recalcado la diputada del Grupo Parlamentario Podemos.

De su lado, el diputado del PSOE ha dado las gracias a los colectivos implicados en la discapacidad y ha destacado la actitud “constructiva” del PSOE para sacar adelante esta ley, valorando que mientras este jueves se ven “leyes de desconexión” en otros parlamentos, en el de Castilla-La Mancha se aprueba una ley que “cohesiona” y pone a la región en una situación destacada al servicio de las personas con discapacidad.