de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras analizar el informe de julio sobre el registro de tractores nuevos, constata que el número de inscritos ha disminuido un 36,7% en 10 años y que esto no sólo se justifica por la crisis económica, sino también por cuestiones de rentabilidad de las explotaciones, estructurales y técnicos.

Unión de Uniones señala que entre 2004 y 2007 se inscribían (asimilable a ventas) una media de 1.462 tractores nuevos mensuales, mientras que la media entre los años entre 2015 y 2018 es de 926. La crisis económica general atravesada, con el añadido de la restricción al crédito durante la misma, ha influido a que entre 2009 y 2012 la media haya sido aún peor, de 831 inscripciones mensuales; pero la caída del mercado de tractores nuevos va más allá y se debe a múltiples factores combinados.

Castilla-La Mancha ha copado entre 2006 y 2017 el 11,5 % de las inscripciones de tractores nuevos, porcentaje que queda por debajo de su participación en la Superficie Agraria Útil española, que es del 17,3%. La tendencia de inscripciones en la región es bastante paralela a la nacional, ya que se inscribían mensualmente hace 10-12 años una media de orden de 170 tractores, cuando la media en el período más reciente se aproxima mucho más a las 100 inscripciones al mes, un 41,5 % menos.

En este sentido, la organización agraria considera que la volatilidad de precios y la inestabilidad de los mercados que viene arrastrando el sector campaña tras campaña, ponen al límite la rentabilidad y la capacidad de inversión de las explotaciones, cuyos titulares miden con cautela la amortización en maquinaria nueva. Esta situación se acentúa particularmente en los agricultores profesionales, los de mayor vocación en mejorar sus explotaciones, pero cuyos ingresos dependen fundamentalmente del comprometido rendimiento de las mismas y que, además, han visto reducida su presencia en el sector en estos últimos años, con una caída del 25 % entre 2008 y 2018.

Igualmente, el factor demográfico también influye en la menor inversión, dado que el campo, como viene señalando la organización, está bastante envejecido y es la población de mayor edad, cuya proporción crece, la que tienen mayores frenos a la hora de invertir.

A todo ello se unen las mejoras técnicas en los equipos y al incremento de la media de la superficie de las explotaciones, que permiten racionalizar la potencia y atender mayores hectáreas con menos tractores.

No obstante, Unión de Uniones pone el acento sobre todo en las razones económicas; ya que sólo así se explica que la reducción de inscripción de tractores nuevos haya coincidido con el aumento del mercado de segunda mano, que de 25.570 unidades en 2013 ha subido a 28.835 en 2017.

Medidas extraordinarias como los Planes RENOVE convocados en 2014 y 2017, supusieron un cierto estímulo, que no se ha producido en la convocatoria de 2018, dado que se ha reservado únicamente para la adaptación de los equipos de aplicación de purines. La organización señala que esta puede ser la razón de que nuevamente este año, a fecha julio, se haya producido una caída del 7 % respecto a las inscripciones que se habían hecho entre enero y julio de 2017.

“Más allá de las ayudas, los agricultores profesionales necesitamos estabilidad y perspectivas claras. Cambiar las reglas del juego cada pocos años provoca una incertidumbre que no es buena” –afirman desde Unión de Uniones- “Y si, además, esas nuevas reglas, como ha pasado en las últimas Reformas de la PAC nos dejan a un lado a los que vivimos de verdad de esto y tenemos vocación de invertir y permanecer el sector agrario y en los pueblos, es aún peor”. Por este motivo Unión de Uniones viene defendiendo una nueva revisión de la Ley de la Cadena Alimentaria que corrija sus desequilibrios y una Reforma de la PAC que concentre las ayudas en los profesionales y que recupere las medidas de estabilización de los mercados.