El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario en las Cortes regionales, , ha lamentado hoy que Page “impida hablar al PP en las Cortes regionales sobre el incremento de las listas de espera sanitarias para tratar de tapar su nefasta gestión”.

Así se ha pronunciado Velázquez, en el Pleno de las Cortes regionales, donde ha recordado que los socialistas “fueron los reyes de los impagos en Sanidad, dejando 157.797 facturas sin pagar y un total de 16.000 millones de deuda”.

De este modo, ha recordado que “en 2013 el PSOE de Page pedía derogar el Real Decreto en relación con el copago farmacéutico y, por ello, ha instado a Page a exigir ahora al –el que ha accedido al poder con los votos de Bildu y los independentistas- lo mismo que pedía en 2013”.

Además de ello, el dirigente popular ha lamentado que Page “impida hablar en las Cortes regionales de la situación de las listas de espera sanitarias, a pesar de que somos la segunda región donde más se espera para ser intervenido quirúrgicamente”.

Es más, Velázquez ha señalado que “hoy hay 13.152 castellano-manchegos más esperando a ser atendidos que cuando gobernaba el PP, 8.676 pacientes más que en junio de 2015 están esperando más de 180 días para ser intervenidos quirúrgicamente, 3.032 pacientes más tienen que esperar más de 60 días para una consulta, así como hay 1.444 pacientes esperando más de 30 días para una prueba diagnóstica.”

En relación con el Decreto Ley 16/2012, Velázquez ha señalado que “esta reforma es necesaria porque el recibió del un Sistema Nacional de Salud en quiebra, con más de 16.000 millones de deuda, un gasto farmacéutico cinco puntos por encima de países como Alemania, Inglaterra, o Francia, así como unas prestaciones sanitarias que eran diferentes en virtud de en qué comunidad autónoma española estábamos, y un `turismo sanitario´ que costaba al erario público más de 1.000 millones de euros al año, según el .”

Según Velázquez, este escenario refleja “la incapacidad del Partido Socialista para gestionar la sanidad”; por eso, “el se puso a trabajar desde el primer día para garantizar una sanidad sostenible y equitativa para que todos los usuarios del Sistema Nacional de Salud tuviesen acceso a las mismas prestaciones en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional”.

“Así, dicho real decreto, garantiza una cartera de servicios básicos para toda España, un calendario vacunal único, así como pruebas neonatales comunes para detectar enfermedades poco frecuentes en recién nacidos”.

De este modo, Velázquez ha explicado que “se pactó dentro del foro interterritorial de salud, así como también se acordó el sistema de aportación a la farmacia, logrando, por lo tanto, un sistema más eficaz y más eficiente. Así, ha resaltado que se ha mejorado la equidad del sistema de aportación en términos de renta personal y no, como sucedía con el PSOE, de forma lineal”.

“Y gracias a eso, -ha continuado-, por primera vez en la historia de España, no pagan nada por los medicamentos las personas perceptoras de prestaciones de pensiones no contributivas y los parados que han perdido el derecho a percibir el subsidio por desempleo”.

Por ello, Velázquez ha manifestado que “cerca de un millón de españoles, que son parados de larga duración y que antes pagaban el 40 por ciento de sus medicinas ahora no pagan nada y decenas de miles de castellano-manchegos en situación de dificultades, que con el Partido Socialista pagaban el 40 por ciento de sus medicinas y el 40 por ciento de las medicinas de todos sus beneficiarios, gracias al Gobierno del Partido Popular ahora no pagan nada”.

Además, y en relación con la derogación del Real Decreto que pide el PSOE, ha señalado que existe un informe de la Abogacía del Estado del Reino de España, que dice: “de retirarse esta resolución, los medicamentos ya no supondrían un coste máximo para el usuario de 4,20 euros, sino que el usuario debería pagar por ellos un porcentaje que variaría entre el 10 % y el 60 %”, por lo que, en este caso, ha puesto como ejemplo que un medicamento para el cáncer de próstata, que cuesta en el mercado 3.505 euros, pasaría a costar para un ciudadano normal un 40 por ciento, es decir, 1.400 euros; y un medicamento de uso pediátrico para niños que cuesta 545 euros, pasaría a costar, por derogar esa resolución, 218 euros, que sería el 40 por ciento, ha concluido.