La protesta viene originada por la situación del servicio de seguridad, que emplea a más de 250 vigilantes en 15 prisiones de la zona centro, repartidas entre las tres comunidades, y que el Ministerio sacó a concurso y ninguna empresa quiso licitar, quedando desierto y teniendo Interior que enviar de urgencia a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a cubrir el servicio desde el día 1 de enero.

Según han explicado CCOO en un comunicado, se da la circunstancia de que este lote de servicio de seguridad de prisiones era gestionado por la empresa , “que se encuentra en concurso de acreedores, con importantes deudas con la Seguridad Social, Hacienda y para con sus trabajadores”.

“Esta ha sido la circunstancia fundamental que ha provocado que el concurso quede desierto, ya que, según la última sentencia del Supremo en lo referente a la sucesión de empresas, se obliga a las nuevas adjudicatarias a hacerse cargo de las deudas de los cesantes. El concurso presentado por Interior no contemplaba esta circunstancia, y en vez de prorrogar y esperar a que la situación concursal de la empresa ofreciera algo de luz sobre la deuda, realizó un concurso precipitado abocado al fracaso, teniendo que disponer de un importante contingente de urgencia de guardia civiles y policías, que no estaba previsto, para sustituir a los vigilantes de seguridad supuestamente hasta marzo, cuando se haya realizado ya un nuevo concurso”, esgrimen.

CCOO de Construcción y Servicios de Madrid insta al Ministerio del Interior a que resuelva este conflicto, y no únicamente por la vía del precio, “lo que supondría seguir con el modelo de precios bajos en la seguridad privada llevado a cabo por las administraciones públicas y que, junto a una mala gestión empresarial, se ha llevado por delante a compañías como Ombuds, o Integral Canaria, por poner algunos ejemplos”.

Todo ello, aseguran, con el fin de que los trabajadores “puedan ir cobrando lo que se les adeuda y facilitando la subrogación del personal, sobre todo en importantes servicios para la ciudadanía como son la seguridad de las prisiones, el Metro de Madrid o la EMT”.