Según la sentencia a la que ha tenido acceso , el tribunal considera probado que las dos personas que se sentaron en el banquillo compraron una sociedad en 2009 ni llegar a inscribirse como socios ni a tener actividad hasta mediados de 2012 cuando J.A.G.G. —que era quien actuaba como administrador— concertó con la empresa de Villarrubia la compra de productos hortofrutícolas que se entregaban a empresas radicadas en Francia.

La sociedad del acusado era la que se encargaba de todo, teniendo que abonar a la empresa villarrubiera el precio estipulado por los productos, algo que hizo entre julio y agosto de 2012, además de parte de septiembre, a través de una cuenta de la que era titular S.S. y desde las que se hicieron once transferencias de 75.443.93 euros.

No obstante, no se pagaron el resto de facturas hasta noviembre de 2012 en que cesaron las relaciones comerciales entre ambas empresas debido a la deuda pendiente de 81.847,28 euros, de los que J.A.G.G. abonó 10.139,72 euros más en distintos pagos en 2013.

Para el Tribunal estos hechos no conllevan la intención de un engaño que debe darse en una estafa sino que se trata de un impago por lo que consideró que, en caso de que la empresa denunciante lo estime oportuno, es a la vía civil a la que ha de recurrir y no a la penal.