En nota de prensa, la organización agraria, a pesar de mostrarse a favor las inspecciones de trabajo “para evitar cualquier irregularidad”, han indicado que algunos registros “solo se podrían justificar para la persecución de grupos organizados que emplean trabajadores de forma ilícita y que, además, nada tienen que ver con las inspecciones que se hacen en los diferentes sectores productivos”. “De ahí la indignación de los agricultores, que no entienden cómo se les puede tratar así”, ha criticado Asaja.

“Mostramos nuestro agradecimiento al trabajo bien hecho de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero este tipo de intervenciones desmedidas nada tienen que ver con la realidad de miles de agricultores y ganaderos que están haciendo bien las cosas”, ha añadido.

Por ello, la organización agraria ha considerado que se deberían aprovechar estos recursos para desmantelar las organizaciones ilícitas que explotan a los trabajadores. “De esta manera se haría un uso mucho más efectivo del coste que supone movilizar estos medios”, han señalado desde Asaja, que ha propuesto que esos fondos se destinen a evitar los robos en el campo y los daños a la propiedad que sufren los agricultores y ganaderos.

Asimismo, esta organización ha recordado que existen fórmulas más efectivas para combatir las posibles ilegalidades, como la puesta en marcha hace unos años por la propia Inspección de Trabajo, en colaboración con las organizaciones agrarias y los representantes de los trabajadores, basada en controles preventivos a través de procedimientos administrativos que fueron muy eficientes para la contratación en la provincia.

Por último, Asaja ha instado a los contratadores agrarios a “que no cedan a la pretensión de personas que, cobrando el paro, quieren trabajar en el campo, pero sin que el empresario”.