En rueda de prensa, Tejado ha criticado que “desde la página oficial del Ayuntamiento pretendan ocultar” su nombre y ha señalado que se ha dedicado durante 26 años a defender los intereses de esta ciudad. “Hoy pretenden ocultar mi nombre, pero sigo siendo esa exconcejala socialista que interpuso esa demanda porque entendía que era una situación ilegal y que hoy un juez ha dicho que así era”, ha defendido.

En este sentido, ha admitido que se ha dado el paso “definitivo para remunicipalizar la empresa Aguas de Alcázar” y ha apuntado que “no es un paso más, hoy ha dicho un juez que el contrato del Ayuntamiento con es nulo. Eso quiere decir que no ha existido nunca ese contrato y que hay una situación que ahora al Ayuntamiento le toca resolver. Hoy, Aqualia ha dicho un juez que gestiona las aguas de Alcázar de forma precaria. La adjudicación fue nula y así lo ha dicho un juez”.

Ha pedido al equipo de “que ponga toda la maquinaria para resolver esta situación y que extingan a esas personas que han puesto palos en las ruedas para que sigamos hoy, tres años después, soportando que esa empresa siga gestionando nuestras aguas”, ha criticado. También ha agradecido el apoyo personal y económico, “de muchos compañeros” de partido y muchos miembros de la plataforma.

FUERA DE LA LEY

La letrada Magdalena Peinado Garrido ha detallado que sentencia “dice que el acuerdo de adjudicación es nulo y ese contrato no existe. El Ayuntamiento actuó fuera de ley en todo momento, se saltó todos los pasos”, ha indicado. “Ha pasado igual que con Puigdemont. En primera instancia no nos dieron la razón, el juez aplicó erróneamente una ley que ya no estaba vigente”, ha ejemplificado.

Tejado ha explicado, desde el principio, el motivo que le llevó a acudir a la Justicia, se trataba del pleno en el que el PP y Ciudadanos por Alcázar convocaron y llevaron en el apartado de urgencias la adjudicación definitiva de Aguas a la empresa Aqualia. “Nosotros ya entendimos en ese pleno que para llevar a cabo el debate, necesitaban mayoría absoluta y en ese momento faltaban dos concejales del PP, por lo que había mayoría simple. Pero hicieron caso omiso a lo avisado, aprobaron el punto en el pleno y adjudicaron el contrato”, ha denunciado.

En primer lugar, propuso ante la dirección de su partido que fuera el PSOE el que lo llevase a cabo, pero no tuvo “la aprobación de éste”. “En aquel entonces la actual alcaldesa me dijo que lo hiciese bajo mi responsabilidad económica, fui yo sola adelante. Tengo ahora la conciencia tranquila”, ha precisado.

En 2015 fue desestimada esa demanda, y Tejado tenía dos opciones; dejarlo ahí o seguir adelante. “Mi conciencia me dijo que había que seguir adelante y a pesar de ese riesgo económico que suponía para mí, creí que debía hacerlo y es un interés del que hoy nos podemos sentir satisfechos. Ahora al Ayuntamiento se le brinda la única oportunidad que tiene para remunicipalizar la empresa en el menor tiempo posible con el menor coste”, ha defendido.

Ahora son treinta días los que hay para recurrir ante el por parte de Aqualia. “Entendemos que tienen pocas posibilidades para sacar adelante el recorrido de esos recursos. Pueden ejercer sus derechos, pero eso no evita que el Ayuntamiento se ponga a trabajar para resolver su salida”.

En cuanto a los pasos del Ayuntamiento para recuperar de forma pública la empresa, Ana Belén Tejado ha dicho que “con este fallo, podría solicitarse una ejecución provisional de esa sentencia. Si yo la pido tendría un coste y si lo hace el Ayuntamiento sería diferente”, ha concluido.