Según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos que se enjuician parten de las investigaciones que, a finales de septiembre de 2015, iniciaron agentes de la UDYCO Central-Brigada Central de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía cuando detectaron que se estaban introduciendo importantes cantidades de productos químicos —utilizados normalmente en laboratorios clandestinos de extracción, síntesis, elaboración, procesamiento y corte de cocaína—, en una finca rural a las afueras de Alcázar de (Ciudad Real).

El lugar localizado por los investigadores estaba rodeado por terrenos agrícolas, con muy poco tránsito y apenas vecinos próximos. Además, el perímetro se encontraba delimitado por un vallado que impedía el acceso y que dificultaba la visión del interior.

Tras meses de investigaciones —en los que se descubrió que para transportar el estupefaciente utilizaban vehículos “caleteados” que ocultaban en garajes de hasta el momento de ser utilizados—, en junio de 2016 finalmente se desarrolló un dispositivo detener a los seis acusados que ahora se sientan en el banquillo, llevado a cabo con el apoyo del Grupo Especial de Operaciones (GEO).

‘ZULO’ BAJO LA FINCA

Una vez localizado este enclave, los agentes investigaron a las personas que entraban y salían de la finca. Estas indagaciones permitieron a los policías comprobar que los integrantes de , residentes en su mayoría en la Comunidad de Madrid, se dedicaban a la venta de importantes cantidades de estupefacientes.

Los seis acusados utilizaban un ‘zulo’ excavado bajo tierra para ocultar los productos químicos y todo el material necesario para la elaboración de la droga, lugar en el que los investigadores encontraron abundante material necesario para la elaboración de la droga y 1.000 litros de precursores, sustancias sintéticas y varios vehículos.

En el interior de la finca donde tenían instalado el laboratorio se comprobó que los arrestados, con anterioridad, habían intervenido en el aeropuerto de 327.500 euros a otro miembro de la organización cuando regresaba a España procedente de (Países Bajos).

Solo tres de los acusados —E.A.P.M., A.G.C., E.B.A— permanecen en prisión desde el 23 de junio de 2016, mientras que el presunto cabecilla —J.R.P.V.— entró en prisión en esa misma fecha pero salió el 22 de mayo de 2017.