Según ha explicado este jueves en rueda de prensa la portavoz del equipo de Gobierno, , la empresa, ubicada en el Polígono La , ha incurrido en la “inejecución” de todas sus obligaciones contractuales, acarreando con ello desprotección a un colectivo de usuarios, unos 50 en el municipio, “especialmente vulnerable”.

Consecuentemente, y en cumplimiento de los plazos legales, se ha procedido a la resolución del contrato, adjudicado por un periodo de cuatro años en marzo de 2019, para poder iniciar una nueva licitación “lo antes posible”, una vez se cumpla el periodo de alegaciones de diez días. En todo caso el equipo de Gobierno no descarta a apertura de un expediente sancionador, cuando proceda administrativamente.

La concejal ha enfatizado que desde el primer momento el Consistorio ha contactado con cada uno de los usuarios afectados o sus familias, y que los servicios sociales municipales han intervenido en los casos de especial necesidad.

En este contexto, ha recordado que el Ayuntamiento ha satisfecho las facturas presentadas por la empresa, incluidas las afectadas por un embargo decretado por un juzgado de por valor de 61.816 euros, y que solo quedarían por abonar directamente a la mercantil dos facturas por valor de 9.822 euros.