Según explica, la sentencia viene a declarar “ilegal” la convocatoria al haberse reservado la totalidad de las 68 plazas convocadas a los funcionarios que ya trabajaban en la Diputación “y restringir así el acceso a la función pública al resto de ciudadanos”.

Según señala la abogada la Diputación “intentó en el acto del juicio, sin éxito, defender la legalidad de la convocatoria sin aportar, a criterio del juez, ni una sola justificación solvente ni suficiente del porqué de su actuación”.