Desde la organización ecologista han apuntado en nota de prensa que visitas escolares a la Base de Helicópteros de Almagro, a exhibiciones de antidisturbios de la , juras de bandera o la participación en la inauguración de monumentos bélicos “se han normalizado, sin discusión, en el sistema educativo”, manifestando que estos son “hechos que pueden colisionar con tratados y convenios internacionales que regulan la protección de menores, de los que el Estado español es signatario”.

Ecologistas en Acción ha argumentado que “esta relación controvertida de menores con el ” trata de “rescatar y reincorporar en la opinión pública modelos autoritarios que actúen, como factores de cohesión, en una sociedad atrabiliaria, con crisis de valores y referentes morales, y en un mundo al borde del colapso”.

En este sentido, ha afirmado que esta es una estrategia del “cuyo objetivo declarado es imponer su agenda en la educación pública, apoyándose en la celebración de jornadas de puertas abiertas, en campañas de información para acceder a las Fuerzas Armadas y en ferias y eventos anuales del ámbito educativo”.

Asimiso, ha considerado que la presencia del Ejército en actividades escolares o extraescolares “es un atentado en toda regla a la dignidad de los menores” y ha señalado que el Estado “ha de velar por una educación pública y de calidad que garantice no sólo la adquisición de conocimientos y habilidades para desenvolverse en el día de mañana, sino también en formar personas conscientes, críticas, con capacidad de desarrollar valores de empatía y solidaridad con el resto de seres humanos”.

“La guerra no es ningún cuento, tampoco un juego. Hay violencia indiscriminada, muerte, feminicidio, desplazamientos forzosos y masivos de población, arruina la economía, devasta el medio ambiente. Los niños son quienes más sufren por las secuelas que dejan, afectando a su desarrollo. Dudamos seriamente de que se explique en las aulas la verdad de las guerras”, ha sostenido.

Por ello, Ecologistas en Acción de Ciudad Real ha pedido a los poderes públicos que en lugar del “intrusismo” anteriormente mencionado “promuevan programas y planes de estudio que contemplen el respeto, comprensión y defensa de la diversidad, una educación afectivo-sexual libre y responsable, la prevención y resolución pacífica de los conflictos, la cultura de la paz, el feminismo, el amor y protección a los animales o la sostenibilidad”.