La Consejería de Agricultura, y establece un plazo de 20 días hábiles para la recepción de sugerencias relacionadas con la incidencia ambiental de todos estos proyectos en el marco de procedimientos simplificados de Evaluación Ambiental, “burlando así el impacto global de todos estos proyectos, que en última instancia suponen un incremento brutal de los regadíos regionales”, según ha informado Ecologistas en Acción en nota de prensa.

La organización ecologist ha apuntado que en los últimos 20 años ha crecido la superficie destinada al regadío en un 18 por ciento, al tiempo que se ha puesto de manifiesto “el fracaso” de fórmulas para racionalizar la gestión del agua, que han consolidado “el ‘status quo’ de los regantes en detrimento de la adopción de medidas de choque a favor de la restauración hidrológica y ambiental de los acuíferos del y de la Mancha Occidental”.

“Nada ni nadie pueden ocultar que estamos ante uno de los mayores expolios de nuestra historia, el expolio del agua, con destino a la producción de cultivos excedentarios, que influyen en la distorsión del mercado y en la especulación alimentaria”, han destacado desde la organización.

Las poblaciones “más beneficiadas” son Alcázar de , , Argamasilla de Alba, Manzanares, Alhambra, Daimiel y Villarrubia de los Ojos, las últimas de las cuales forman parte o colindan con el área de influencia del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel. Se da el agravante de que proyectos de viña en espaldera afectan a la ZEPA de Áreas Esteparias del Campo de Montiel, en Alhambra, y los de herbáceos y olivar a la ZEPA , en Ciudad Real.

“Es, cuanto menos, sorprendente la falta de transparencia y la celeridad en despachar unos proyectos hurtados al debate social y a la participación pública, cediendo al chantaje de Asaja y de las comunidades de regantes, que mantienen secuestrados los mecanismos de control de la Administración desde el inicio de la democracia”, han aseverado desde Ecologistas en Acción.

En este sentido, han avanzado que se opone “rotundamente a estos planes ocultos de expansión del regadío”, que “bajo la falsa apariencia de una tecnificación y modernización encaminada a un uso eficiente del agua, pretenden asentar un modelo de aprovechamiento intensivo e irracional en la cuenca alta del río Guadiana”.

Para los ecologistas, los proyectos deben tramitarse en procedimientos de Evaluación Ambiental Ordinaria, verificando que no afecten al dominio público hidráulico, que no conlleven un aumento de la superficie regada anual ni del volumen extraído, que no supongan la acumulación de derechos en perímetros de protección de espacios naturales, que no guarden relación con los llamados bancos de derechos de agua y que todos los aprovechamientos provengan de la misma masa de agua subterránea.