Así lo han confirmado a Europa Press Toni Berlanga y , portavoces de los grupos municipales de e en el Ayuntamiento de Puertollano, que están personados como acusación.

En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 12 de febrero, el magistrado suspendió sin fecha el plenario por lo que consideraba “sorpresiva presentación” de numerosas cuestiones previas de las partes.

En este sentido Machón, ha explicado que el juez ha desestimado la petición de las defensas de los acusados, que pretendían expulsar del proceso a las acusaciones populares alegando extemporaneidad en la personación.

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real pide una pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para los tres acusados por presunto delito de prevaricación administrativa.

Por su parte, la acusación popular, a cargo de IU y PP, solicita para cada uno de los tres acusados, por prevaricación administrativa, la pena de diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales, y añade más delitos en su escrito de acusación.

Así, para el exalcalde Joaquín Hermoso Murillo, por el presunto delito continuado de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, IU pide la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales. A esta petición suma otra de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido y seis años de inhabilitación por el presunto delito continuado de tráfico de influencias.

Por otra parte, por el supuesto delito de falsedad en documento público u oficial cometido por autoridad o funcionario público, estas acusaciones consideran que procede imponer a Juan Luis Vázquez Calvo y Eugenio Ángel Manso la pena de seis años de prisión, multa de 24 meses con cuota diaria de 30 euros, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales.

Además, para Eugenio Ángel Manso se solicita la pena de un año de prisión, multa del duplo del beneficio obtenido, seis años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y costas procesales por tráfico de influencias.