Según recoge la sentencia a la que ha accedido , el incendio tuvo lugar el 15 de julio de 2010 cuando el procesado ayudado por una radial “se encontraba realizando trabajos de corte de unos tubos de acero” debajo del viaducto de Cuchareos. Lo hacía en una época del año calificada de peligro alto de incendio.

Se apunta como hechos probados que J.R.A. no adoptó “medida de precaución ni de prevención alguna destinada a evitar que se produjera un incendio forestal” dada la proximidad de vegetación forestal, de las altas temperaturas, de la sequedad existente, del peligro extremo de incendio, y del carácter de espacio protegido del entorno.

Como consecuencia de la caída de chispas incandescentes se produjo un incendio forestal que comenzó a las 16,26 horas del 15 de julio y que fue extinguido a las 21,00 horas del 16 de julio con el resultado de 86, 92 hectáreas de terreno forestal quemadas, de las que 43,79 hectáreas pertenecían a la provincia de Jaén y el resto a la provincia de Ciudad Real.

En el caso de la provincia de Jaén, el fuego recorrió una zona de arbolado, matorral y pasto perteneciente al monte Collado de los Jardines, dentro del Parque Natural de Despeñaperros. Un total de 28 hectáreas afectadas por las llamas estaban situadas en una zona con máximo nivel de protección por sus valores ambientales excepcionales.

En lo que respecta a la provincia de Ciudad Real, el incendio forestal afectó a una superficie de 40 hectáreas perteneciente al municipio de del Marqués. En la extinción del incendio intervinieron medios del Infoca y también de Castilla-La Mancha.

Durante el juicio, el procesado esgrimió que fue una racha de viento la que se llevó las chispas hacia la vegetación y que pese a contar con dos extintores no pudieron controlar el fuego. Asimismo, dijo desconocer la necesidad de haber realizado una faja cortafuegos o el de contar con cubas de agua.

Para la jueza, la prueba practicada durante el juicio “demuestra indubitadamente que el acusado omitió los deberes de cuidado que le eran exigibles al estar llevando a cabo una actividad susceptible de ocasionar riesgo de incendio en zona forestal.

A la hora de imponer los 18 meses de prisión, la jueza contempla como atenuante las dilaciones indebidas en este proceso ha requerido siete años para contar con sentencia judicial. El acusado, además de la multa y de la pena de prisión, deberá hacer frente a una indemnización de 92.301 euros dirigidos a la Junta de Andalucía y al gobierno autónomo de Castilla-La Mancha.

La responsabilidad civil es compartida con las empresas encargadas de las obras y las compañías aseguradoras.