En rueda de prensa celebrada en (Ciudad Real), y acompañado por el director-conservador del parque, Juan Ruiz de Castañeda, Martín-Grande ha repasado la hoja de ruta seguida para la tramitación de la redacción del plan desde diciembre de 2016 hasta el momento actual.

Tras relatar las sucesivas reuniones de la Junta Rectora y la remisión de un “documento base” a los grupos de trabajo de todos los agentes implicados, el presidente ha apuntado que el proceso pasa ahora por el envío, a finales de septiembre, de un “preborrador” del plan para que los afectados lo analicen y hagan sus aportaciones.

De este modo está previsto que el texto, tras el examen de la Junta Rectora y el posterior trámite de información pública, pueda ser aprobado “a finales de 2018 o principios de 2019”.

En este contexto, ha aseverado que “le extrañan” las críticas de los alcaldes de Brazatortas, Cabezarrubias del , Almodóvar del Campo, Mestanza, Solana del Pino, y un concejal de Hinojosas de Calatrava, que demandan más “transparencia”, un derecho de “participación real”, una adecuada “zonificación” y “compensaciones económicas”.

Martín-Grande ha insistido en que el procedimiento de preparación del preborrador ha sido “externo y aséptico”, gestionado exclusivamente por la , que ha explicado el proceso a todos los colectivos afectados, los cuales a su vez han podido organizarse en grupos de trabajo con autonomía propia y acceder a un documento base para realizar sus aportaciones. Fruto de ello, ha dicho, ha sido la redacción de una memoria de 102 páginas sobre el proceso de participación en la que se recogen las aportaciones de ganaderos, agricultores, empresas y administraciones.

Por su parte, Juan Ruiz de Castañeda ha puntualizado que la filosofía de todo el proceso de elaboración del plan, que es “necesario y obligatorio”, ha sido la “colaboración” con los agentes sociales y económicos, pero ha advertido de que las aportaciones deben hacerse conforme a la “normativa” establecida para el uso y la conservación de estos espacios naturales, de ahí la redacción previa de un documento base sobre el que trabajar.

“De ningún modo estamos hablando de un expropiación encubierta, pero la ley marca una restricción de usos, y hay que tener en cuenta las limitaciones del dominio público y de la propiedad privada”, ha subrayado.