La investigación comenzó con dos informes realizados por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada remitidos a la Policía en los que comunicaban supuestas irregularidades detectadas en torno a dos empresas, una de ellas dedicada al comercio al por mayor de carne y al cultivo de árboles y arbustos, y la otra a la explotación de ganado porcino.

Las gestiones de los agentes confirmaron que, efectivamente, ambas empresas carecían de actividad real habiendo sido constituidas y utilizadas de forma instrumental con el fin de permitir el acceso indebido a autorizaciones de residencia y trabajo por parte de ciudadanos extranjeros, así como al disfrute de prestaciones públicas. Todo ello mediante la simulación de la contratación laboral de supuestos trabajadores por parte de las sociedades investigadas, según detalla en una nota la .

El incumplimiento reiterado de las obligaciones de ambas empresas en materia de Seguridad Social hizo que acumularan una deuda más de 236.000 euros que, sumados a los 124.000 obtenidos fraudulentamente por los supuestos trabajadores en concepto de prestaciones del , hacen un total de más de 360.000 euros defraudados.

La operación policial ha tenido lugar en ocho provincias españolas, en las que han sido detenidas un total de 29 personas por presuntos delitos de falsedad documental y fraude a la Seguridad Social: doce en Granada, dos en , una en , una en , diez en , una en , una en Ciudad Real y una en .